Se cumplen diez años de la aprobación del Real Decreto que reguló el control integrado de plagas y enfermedades vegetales en España, en un contexto de uso cada vez más restringido de sustancias químicas para los tratamientos, y sobre todo, de escasas nuevas autorizaciones de registro en la esquilmada farmacia para el tratamiento de las enfermedades vegetales.
 En este tiempo, los balances no acreditan curiosamente una reducción en el uso global de fitosanitarios, según la asociación española de plaguicidas AEPLA, si acaso, una mayor versatilidad en la aplicación práctica de productos para gestionar un cuadro mayor de amenazas. No en vano, cada año y medio surge una plaga nueva y desconocida en nuestro campo como resultado de la globalización, de la importación de material vegetal, o del propio trasiego de la logística internacional. Ahí tenemos la xylella fastidiosa en leñosos como el olivo como ejemplo.
La lucha biológica para neutralizar a los invasores se resume al final en una guerra sin cuartel entre depredadores naturales, sanadores de las plantas, contra el ejército que conforma una infección. Un método que, según la norma, será siempre prioritario antes de recurrir a otros químicos. Y así hemos visto cómo han vuelto las mariquitas para combatir el pulgón en frutas y hortalizas u otros bichos que se usan contra el trip de la cebolla o la mosca blanca del ajo para dejar sin rastro al causante de pudriciones y otros daños en la maduración del fruto. Al final es la vuelta a lo natural.
Sin embargo, AEPLA advierte de la desinformación en la opinión pública, y muchas veces, entre los propios funcionarios ideólogos de las instituciones comunitarias de donde emanan decisiones reglamentarias ambiciosas, revolucionarias o muchas veces polémicas por su difícil asunción si por una parte se pide al productor que intensifique sus cultivos para alimentar a una población creciente, y por otra se le despoja de armas para combatir, por ejemplo, estas enfermedades.
También recuerdan que, fruto de la investigación, las sustancias -tan bien las químicas- son cada vez más eficientes, sostenibles y de bajo o ningún residuo. Algo clave para poder planificar el futuro que, de momento, tiene como reto reducir un 50% el gasto en fitosanitarios en la agricultura como reza en la estrategia 'De la Granja a la Mesa' que estructura la próxima PAC.
A finales de mes, la Unión Europea concretará más, y en paralelo, el Ministerio de Agricultura tendrá que desarrollar los nuevos reglamentos para fijar los criterios de control y supervisión que deberán establecer una metodología para acreditar con objetividad que un agricultor ha cumplido o tiene pendiente algo con la administración. Por eso, AEPLA, pide participación y sobre todo flexibilidad o incluso una pausa en la entrada en vigor de la ley. Además, en un ámbito comunitario, un estudio de impacto que justifique el escenario que corresponda, desde luego con compensaciones por los sobrecostes, y un mapa diferenciado por países ya que, diez años después, no todos han hecho los deberes que exigió Bruselas.