El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes que presentará alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura y para respaldar a los regantes alicantinos, y además ha exigido al Gobierno que rectifique y mantenga el precio del agua desalada.

Puig ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, en el que le pide que conceda audiencia a la Comunitat Valenciana para conocer de primera mano la redacción final que ha llegado a ese órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto de diversos planes hidrológicos, entre ellos el que afecta al trasvase Tajo-Segura, y poder así presentar las alegaciones que se consideren necesarias.

Fuentes de la Generalitat han recordado que el proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre incluía una disposición adicional novena esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, por lo que cualquier modificación o supresión de la misma en el último borrador de decreto ley que ya tiene el Consejo de Estado encontrará «el más firme rechazo» del Consell.

Ha revindicado que el acuerdo que se alcanzó en ese Consejo Nacional del Agua era «razonable», pues simplemente exigían que en 2025 se pudiera actualizar la decisión sobre el trasvase en función del estado del Tajo.

Ha insistido en que ese acuerdo «no tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua», sino que se trata de actuar de forma «racional» para garantizar el agua que genera miles de puestos de trabajo en Alicante y la zona mediterránea, «además sin atentar frente a ningún derecho de nadie».

Por eso, «vamos a presentar todas las alegaciones ante el Consejo de Estado y vamos a mantener una posición de apoyo permanente a los regantes, porque tienen razón», ha manifestado el president ante el previsible cambio del contenido del real decreto.