Nueva legislatura, nuevo equipo de Gobierno, nuevo intento. El Pleno del Ayuntamiento de Seseña acordó aprobar la caducidad e inicio de un nuevo expediente para que la mercantil ONDE 2000, la sociedad de El Pocero, deje de tener derechos sobre la urbanización del PAU El Quiñón. 

Un nuevo intento puesto que el anterior equipo de Gobierno ya inició los trámites para retirar la condición de agente urbanizador a Francisco Hernando aunque, explica el que fuera alcalde y ahora presidente del Grupo Popular, «no sabemos porqué razón la Junta dejó pasar los plazos y no remitió contestación en el plazo de seis meses». Así pues, ahora el nuevo equipo de Gobierno, encabezado por el PSOE, se ha visto obligado a reiniciar el trámite.

El PP, que votó favorablemente al nuevo inicio del expediente, solicitó «que se incluyeran todas las actuaciones del anterior proceso para ahorrar el mayor número de trámites posibles», apunta Velázquez que recuerda que la Junta es la que tiene que resolver el asunto con sendos informes de la Comisión Regional de Urbanismo y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. «No entendemos, y tampoco recibimos ninguna explicación al respecto, cómo la Junta se ha dejado pasar algo tan importante y relevante y que, además, no les pillaba de sorpresa porque hubo varios contactos al respecto», se extraña el presidente el Grupo Popular en Seseña.

El objetivo de esta actuación, que desde la Concejalía de Urbanismo han preferido no detallar a este medio, es  poder seguir con el desarrollo del PAU El Quiñón en el que la parálisis del empresario y sus millonarias deudas han dejado pendientes importantes infraestructuras que ONDE2000 -El Pocero- tenía que haber ejecutado como agente urbanizador como la línea de alta tensión -cuyo retranqueo obligó a una modificación del PEI del Quiñón-, la conexión con la A-4 -cuyas negociaciones se acaban de reactivar con el Ayuntamiento de Ciempozuelos- o los depósitos de abastecimiento de agua para la urbanización.

Si se llegara a suspender el convenio urbanístico con ONDE 2000 y por tanto El Pocero dejara de ostentar la condición de agente urbanizador el Ayuntamiento de Seseña tendría abiertas dos vías de actuación, por un lado hacerse cargo de los trabajos de urbanización y por otro licitar dicha condición de agente urbanizador para que sea otra empresa la que ejecute lo que aún queda pendiente en El Quiñón.

consejo consultivo. Antes de iniciar el proceso de resolución del contrato con El Pocero, el anterior equipo de Gobierno de Seseña elevó una consulta al Consejo Consultivo tanto sobre la   vigencia de la condición de agente urbanizador de El Pocero como sobre la posibilidad de autorizar la cesión de esta condición a otra empresa. Y es que, ONDE2000 planteó en abril de 2018 ceder  sus derechos a otra mercantil, concretamente a Meseta Samargan, S.L, de la que también es socio y administrador único, dada la millonaria deuda de la primera (Onde 2000) con la Agencia Tributaria. 

El Consejo Consultivo dictaminó en octubre que «procede considerar que la adjudicación del PAU del SAU ‘El Quiñón’, así como el consiguiente convenio urbanístico (...) se encuentran aún vigentes». En lo que respecta a la cesión de derechos, el Consejo expuso que «no cabe hacer un pronunciamiento categórico» sobre esta posibilidad de subrogación.

Por otra parte, en el dictamen se señala que hay sentencias -2016 y 2017- que obligan al Ayuntamiento a proseguir con la tramitación del expediente de resolución de la adjudicación incoado en febrero de 2011 por causas implicables al agente urbanizador.

El Quiñón tiene en la actualidad 5.000 viviendas construidas y 8.000 pendientes de su construcción y  Francisco Hernando ‘El Pocero’. En el primer semestre de 2017  el Ayuntamiento aprobó el proyecto de reparcelación de El Quiñón, un documento, señalaban, fundamental para solucionar los problemas urbanísticos pendientes en la urbanización «que garantiza la seguridad jurídica de los propietarios, tanto de suelo por desarrollar como de las viviendas ya construidas, y que supone la recuperación de los derechos urbanísticos del Ayuntamiento, corrigiendo el error del anterior proyecto, que fue anulado, en el que el Ayuntamiento perdía derechos en favor del agente urbanizador».