Los requerimientos a España han sido constantes desde los organismos internacionales para que se dé una respuesta a las víctimas y represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Concretamente, desde instancia de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada ya recomendó a España, que aprobara cuanto antes la Ley de Memoria Democrática para avanzar en los derechos de los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista y que, definitivamente, se cumpla con los derechos de justicia, verdad y la reparación que injustificadamente la democracia española viene negando a los miles de desaparecidos.
No es comprensible que hasta 2007, durante el primer Gobierno de Zapatero, no se abordara ninguna acción normativa para reparar tanto daño causado durante más de cuatro décadas y que comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, a día de hoy, carezcan de normas con dicha finalidad. Ciertamente, también ruboriza que en el periodo democrático, haya habido requerimientos constantes a las víctimas para que sacrifiquen su derecho a encontrar a sus seres queridos para darles digna sepultura con argumentos tan ridículos como no reabrir heridas, provocando dichos discursos una doble humillación para quienes sufrieron la crudeza de las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y los de sus familiares durante la dictadura con la única finalidad de no incomodar, a no sabemos quiénes; si a los verdugos o a los que se consideran sus herederos.
Por ello, bienvenida sea esta propuesta normativa, que tiene, sin duda, deficiencias en la reparación como consecuencia del paso del tiempo por la inacción de otros gobiernos, pero que aborda por primera vez el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 y que por fin declara nulas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los ilegítimos órganos de represión franquista.
Resulta desolador al analizar esta realidad, que la democracia española no haya dado un paso unánime y firme para cumplir, primeramente, con los requerimientos internacionales hasta día de hoy y que, por otro lado, la derecha que representa el Partido Popular todavía esté instalada en un obstruccionismo evidente e incompresible a la reparación de los derechos de las víctimas. Así pues, está más que injustificado demorar aún más cualquier avance en búsqueda de un ilusorio consenso, teniendo en cuenta además antecedentes como el del Gobierno de Rajoy, que dotó con cero euros la Memoria Histórica, y el mercadeo que se ha realizado con los derechos de las víctimas entre el PP y Vox para llegar a acuerdos de investidura o gobierno, afrentándolas, injustificadamente, una vez más.
En definitiva, esta norma llega tarde y no existen razones para afear su contenido, salvo que se busquen otros fines que no sean la defensa de los derechos humanos, ya que gracias al voto de los diputados que apoyaron la norma, sin exclusión, la pasada semana en el Congreso se ha dado un paso de gigante para que España abandone la amnesia y recupere la lucidez. Valdría la pena, que también lo hicieran comunidades autónomas como la nuestra, que carecen de normativa específica, a pesar de tener muchos españoles muertos en las cunetas.