Los magistrados revocaron las resoluciones emitidas por el Tribunal Económico Administrativo (TEA) municipal que rechazaban las reclamaciones presentadas por los vecinos de la ciudad. Lo peor de todo es que este órgano -juez y parte- amenaza con «seguir manteniendo» los mismos criterios en sus dictámenes, por lo tanto continuará obligando a los contribuyentes a acudir a la vía judicial.

En general, los afectados discutían que se les haya pasado (y cobrado) durante años un recibo de IBI urbano cuando la ley dice que esas propiedades deben considerarse rústicas (ahora y siempre, incluido el tramo entre 2008 y 2014) mientras el suelo urbanizable carezca de un PAU aprobado.