El Aula Magna del Convento Madre de Dios, sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, inauguró ayer el seminario ‘Discapacidad intelectual, derecho penal y acceso a la Justicia’,  una jornada formativa destinada a estudiantes, colectivos y trabajadores del ámbito policial, jurídico y penitenciario  que ahondó en la intervención policial, en las falsas creencias, en el abordaje en el ámbito jurídico, en distintas herramientas para facilitar el conocimiento y la inclusión social de estas personas y en diferentes experiencias que brindan y ayudan a perfilar un abordaje más acertado.

La palabra «sensibilizar» se asomó varias veces durante la inauguración de esta jornada financiada por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través de los fondos europeos Feder. La pronunció al inicio el catedrático de Derecho Penal, Eduardo Demetrio Crespo, uno de los directores del seminario, junto a Rebeca Arce y María Luisa Escudero, responsable de Acceso a la Justicia y asesora jurídica de Plena Inclusión Castilla-La Mancha respectivamente.

La Universidad ha puesto su empeño en que los participantes de esta jornadas adquieran buenos conocimientos sobre una materia muy sensible que también animó recientemente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a firmar un convenio de colaboración para formar a los miembros de la carrera judicial.

Crespo señaló la existencia «de un problema de enorme importancia» relacionado con la discapacidad y el acceso a la Justicia. Además, aludió a las advertencias de la ONU a través de un convenio con España. En este caso, es necesario recordar que el organismo ha pedido explicaciones por una posible vulneración del derecho a un igual acceso a la Justicia de una persona con discapacidad a la que se ha condenado a 25 años de prisión sin que se le ajustase el procedimiento «para garantizar su derecho a defensa y un juicio justo», tal y como se recoge en la denuncia que presentó Plena Inclusión  hace meses.

Este tema es tan destacado que incluso el Defensor del Pueblo incluyó el año pasado un amplio informe sobre las personas con discapacidad, que engloba a su vez un estudio sobre la población reclusa con discapacidad intelectual  y la necesidad de que las administraciones pongan en marcha medidas que garanticen ajustes en los procedimientos y, sobre todo, la preservación de derechos en el ámbito penitenciario.

El colectivo, en su ámbito regional, ha colaborado en la elaboración del seminario de la UCLM. «El derecho tiene una parte humana y el sector de la discapacidad tiene un componente humano muy importante. Esta cuestión afecta al derecho a un proceso judicial justo, tanto desde el punto de vista del agredido como del agresor», explicó el gerente de este colectivo, Daniel Collado.

Por su parte, la vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente, Fátima Guadamillas, también se alió con la necesidad de apostar «por la sensibilidad y la formación» para lograr «el pleno conocimiento jurídico y profunda humanidad» en relación a esta materia tan sensible. Además, valoró el trabajo de Plena Inclusión en estos últimos años en el postgrado y aseguró que la UCLM seguirá trabajando y colaborando con este colectivo y otros ligados al ámbito social.

programa. La jornada incluyó una ponencia de Sergio Lázaro, experto en este ámbito sobre su experiencia en el proceso policial y judicial. Además, se hizo hincapié en los mitos y falsas creencias, en el contexto del convenio con Naciones Unidas, en la discapacidad intelectual y el proceso penal, en el ámbito penitenciario y en los aspectos  neuropsicológicos en el tratamiento penal.