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La propiedad compró la finca hace 3 años, pero «el amianto lleva allí 30»

J. Monroy | TOLEDO
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Los responsables de la parcela han presentado alegaciones. Entienden que la CHT les quiere hacer pagar «el gol que les metieron hace años»

La propiedad compró la finca hace 3 años, pero «el amianto lleva allí 30»

jmonroy@diariolatribuna.com

Los responsables de la finca Ramabujas han presentado alegaciones al expediente que ha iniciado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por la acumulación de amianto en el arroyo; un expediente, que además de imponer una sanción de setecientos euros, les obliga a reponer el cauce a su estado original. Hay que tener en cuenta, apuntan desde la propiedad, que compraron la zona del arroyo hace tan sólo tres años «pero el amianto estaba allí al menos desde hace treinta». De hecho, ya estaba en el lugar cuando accedió al mismo el anterior dueño.

Los dueños se muestran convencidos de que «aunque no es una cantidad muy grande, no nos tienen por qué multar», dado que entienden que los responsables son las administraciones a las que Ibertubo «metió un gol» cuando fue abandonando el amianto en la antigua finca de Ramabujas, hoy dividida en varias propiedades.

De hecho, si el amianto se encuentra en la zona de policía del arroyo, apuntan desde Ramabujas, la Confederación Hidrográfica, Junta o Ayuntamiento tendrían que haber vigilado hace años que no se hicieran allí vertidos de ningún tipo. Porque si es una zona protegida, ha de ser responsabilidad de la CHT, no puede cargar con el trabajo a un particular. Ahora, «no pueden escurrir el bulto»; en definitiva, «les metieron un gol hace treinta años en un lugar que es la policía del arroyo, que es de todos, y ahora buscan las cosquillas a un propietario que lo compró hace tres». Es una situación similar, apuntan, al del cercano camino público que lleva hasta Nambroca y que está lleno de escombros. Allí debe ser el Ayuntamiento quien lo vigile, no les puede cargar la culpa a los vecinos que lo utilizan.

Limpieza. Desde la finca Ramabujas llaman la atención de que, aunque en su terreno el amianto es más visible, porque está en tuberías, la mayor parte de este material cancerígeno no está allí. Corresponde a otros espacios, adyacentes, donde está enterrado y en mucha mayor cantidad.

A partir de ahí, se muestran dispuestos a colaborar con la limpieza del amianto, siempre que las administraciones corran con el gasto. «Nos tendrán que mandar a una persona preparada para poder quitar eso y un sitio donde verterlo, pero gratuito, porque yo no tengo la culpa, la culpa la tienen ellos», advierte la propiedad. Los dueños de Ramabujas no tienen inconveniente alguno en que las administraciones limpien el amianto, les dan permiso para entrar y se muestran dispuestos a colaborar en lo que haga falta «si vienen de buenas», pero advierten que la responsabilidad es de las administraciones «que lo hicieron mal en su momento».

Años de montoneras. Según ha podido saber este diario, la postura de los propietarios de Ramabujas es más o menos la de la mayoría de los propietarios afectados por el amianto. Hace unos meses, recibieron una carta en la que la Junta les instaba a retirar el material cancerígeno, pero ellos advierten que no son responsables del mismo, porque cuando compraron los terrenos ya estaba allí. En todo caso, las responsables serían las administraciones que tendrían que haber vigilado que Ibertubo no hiciera los vertidos ilegales.

Aquello empezó en los primeros años de la década de los ochenta. Entonces, advierten, la finca era de una misma propietaria, que no estaba demasiado atenta a la misma. Se da la circunstancia, apuntan, de que las administraciones hacían inspecciones cada seis meses a Ibertubo, para ver si no tenían amianto acumulado. ¿Cuál fue la solución que buscó la fábrica? De alguna forma tuvo que convencer a los responsables de la finca para poder verter allí el materia poco a poco; de forma que en cada inspección la factoría estaba limpia. Se preguntan por qué entonces las administraciones no interrogaron a Ibertubo sobre dónde metía el material, por qué no pudieron las facturas. «Si no lo pidieron o no lo quisieron controlar, era cosa de la Junta», advierten.

Después llegaría la venta de la parcela en trozos, estando los tubos tapados y el problema les ha llegado a ellos. Pero si la administración les pide explicaciones, tendrá que darlas ella primero.