Con esta Guía «no hay excusas para prevenir la corrupción»

C.M
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Adán Nieto apuntó que la publicación «es una especie de kit de montaje para que los responsables de una institución pública adopten una serie de medidas destinadas a la prevención de la corrupción»

La jornada destinada a la presentación de la Guía para la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, organizada por el Instituto de Derecho Penal Europeo de la institución en colaboración con los Servicios Jurídicos de la Junta, reunió en Fábrica de Armas a Miguel Ángel Collado a José Luis Martínez Guijarro y a uno de los coordinadores de la publicación, Adán Nieto.
Esta Guía es el resultado del trabajo de investigación del Instituto de Derecho Penal con la colaboración de un grupo de letrados de los Servicios Jurídicos del gobierno regional, es «una especie de kit de montaje para que los responsables de una institución pública adopten una serie de medidas de prevención de la corrupción». En este ámbito, y puesto que «a veces se piensa que la corrupción es un mal endémico contra el que tienen que luchar otros, policías, jueces, o fiscales», esta guía es la forma de decir que existen «medidas de organización que ya están muy avaladas en otros países y en empresas».
Por ello, aludió a que gracias a este instrumento teórico «no hay excusas para que los responsables se pongan manos a la obra para prevenir» sin necesidad de que «tenga que recurrirse a  un legislador, policía o fiscal». Preguntado, Nieto, por las principales áreas de entrada de la corrupción, aseveró que «puede registrarse en cualquier punto» aunque en los últimos tiempos esta lacra se ha «identificado con la contratación pública, que es la madre de todas las corrupciones» y con los aspectos vinculados con «el urbanismo debido al gran margen de discrecionalidad a la hora decidir sobre contenidos económicos». Sin embargo, y ya que la actualidad surte de innumerables ejemplos, se refirió «al escándalo surgido en las universidades americanas ante sus sistemas de admisión de alumnos» o al relativo «al caos de los másteres en las universidades españolas».
De hecho, puntualizó que «aunque  la corrupción se vincula con asuntos en los que se manejan grandes volúmenes de dinero, no hay que tipificar corrupción en estos puntos porque, a veces, se registra en ámbitos más sencillos». No en vano, la Guía insiste en la necesidad de realizar «análisis de riesgos porque cada institución debe conocerse y evaluar sus procedimientos más débiles».
En este punto, el coordinador del documento -junto a Beatriz García-Moreno- aseguró la validez del mismo ya que para su redacción se ha contado con la ayuda de los servicios jurídicos de la Junta, área que «posee un gran conocimiento de temas complejos como el urbanismo y la contratación pública».
Por su parte, el rector de la Universidad regional consideró que esta cuestión «es un tema capital para cualquier ciudad» a la hora de «establecer mecanismos que eviten la corrupción y no sólo sancionarla a posteriori». Para ello, insistió Miguel Ángel Collado, es necesario «establecer mecanismos jurídicos que articulen el funcionamiento de las Administraciones Públicas».


Compromiso de erradicación. La Guía para la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha recoge que la actuación de las Administraciones Públicas, que por mandato constitucional, solo debe estar dirigida a servir el interés general, no puede seguir lastrada por la presencia de una percepción social generalizada de corrupción en la esfera de la gestión de los servicios públicos.
De ahí, que sea necesario luchar contra el problema de la corrupción desde todos los ámbitos posibles, pero particularmente desde la propias Administraciones Públicas, y no solo desde la manifestación de un compromiso de erradicación de este fenómeno. Así, es necesario que éstas se impliquen de forma real y efectiva en esta lucha mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a establecer, por un lado, un marco de conducta de obligado cumplimiento para todos los actores que intervienen en la gestión y prestación de servicios públicos, y, por otro, a implementar controles preventivos en todas aquellas actuaciones públicas que son más susceptibles y expuestas a posibles corruptelas.