El Tribunal Supremo confirmó el pasado martes la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que se condenaba a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso ilícito de la financiación autonómica para los Expedientes de Regulación de Empleo. El denominado caso ERE que no era más que una trama perfectamente estructurada que consiguió defraudar cerca de 680 millones de euros. Los dos fueron declarados culpables de un delito continuado de prevaricación, pero Griñán, además, lo fue por malversación, lo que lleva aparejada una pena de prisión de seis años y dos días. Tras 11 años de proceso judicial, una vez más, el caso se daba por cerrado, aunque el abogado del que también fuera exconsejero de Economía de la Junta andaluza ya anunció que van a recurrir al Constitucional e incluso que no descartan en última instancia solicitar el indulto al Gobierno.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras desde el Ejecutivo algunas voces salían a defender a los dos ex altos cargos, sosteniendo que estaban pagando justos por pecadores, desde el PP, un irónico Alberto Núñez Feijóo matizaba que no iba a utilizar esta sentencia como sí lo hizo Sánchez contra Rajoy con la trama Gürtel. Por su parte, Vox pedía que el PSOE andaluz devolviera todo el dinero defraudado durante esos años y Ciudadanos advertía que, si hubiese sido otro partido el involucrado en el caso ERE, «estaría ardiendo Troya». 

Aún faltan por conocer los detalles de la sentencia del Supremo, pero ya ha trascendido que hubo un debate interno entre sus miembros a la hora de emitir el veredicto, ya que tres de los cinco magistrados fueron los que decantaron la balanza en una votación ajustada. Además de Chaves y Griñán, otros 14 exdirigentes socialistas fueron condenados a las penas que ya se habían impuesto por la Audiencia en 2019, entre los que destaca la presencia de la exministra y vicepresidenta del Banco Central de Inversiones (BCI), Magdalena Álvarez o el exsecretario de Estado Gaspar Zarrías.

Pese a que algunos tildan de herencia la gestión de Griñán en la trama, la justicia ha constatado, el mismo día que echaba a andar el nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno, su inacción a la hora de cortar de raíz esos mecanismos irregulares que llevaban implantados años en la región. Su posible recurso para evitar la cárcel parece tener poco recorrido, ya que la doctrina del Supremo limita la suspensión de penas a los que hayan sido condenados a cinco años de prisión y al expresidente andaluz le han caído seis. La posibilidad de que el Gobierno conceda el indulto en el futuro abriría un nuevo debate y podría ser tan perjudicial para los intereses del PSOE como la propia sentencia del Supremo, que ha constatado a los ERE como el mayor caso de corrupción de la historia en una administración pública.