La celebración de unos Juegos Olímpicos, de verano o de invierno, tanto da, es un proyecto de país en el que deben estar implicadas todas las Administraciones Públicas y contar con un gran respaldo popular. Es un proyecto de país, por tanto, aunque se celebre en una ciudad o región determinada. La candidatura española los Juegos Olímpicos de 2030 a celebrar en los Pirineos catalanes y aragoneses ha fracasado por falta de acuerdo entre las autoridades de ambas comunidades autónomas sobre el lugar en el que debían celebrarse algunas de las pruebas olímpicas y en el que también han intervenido otras consideraciones de carácter político.
Cataluña, por supuesto, pensaba que los jugos de los Pirineos era un proyecto de país, pero del suyo, y concedía a Aragón un lugar subalterno, que su presidente, Javier Lambán no estaba dispuesto a aceptar. A lo largo de la confección de la candidatura los desencuentros y desaires iniciales de los dirigentes políticos catalanes fueron frecuentes y respondidos con contundencia por el presidente aragonés, pero al término del proceso es el señalado, incluso por el Comité Olímpico Español (COE), como el responsable del fracaso de la candidatura para que España volviera a ser sede de unos Juegos Olímpicos. La polémica ahora se deriva a la búsqueda de responsabilidades por el desacuerdo para determinar quien ha trabajado más por arruinar la candidatura. Y si no fue posible el pacto en términos deportivos, tampoco lo va a ser ahora en términos de relato, en el que se mezclan las cuestiones técnicas, que son las que tendrían que haberse impuesto, y las políticas que de forma subyacente han estado presentes en todo el proceso impulsadas desde Barcelona y Zaragoza, con escaso sentido olímpico.
La conclusión es que se está ante un nuevo proyecto de país malogrado, que lo que tendría que haber sido un motivo de orgullo y de proyección internacional, además de contribuir al conocimiento y desarrollo el Pirineo español, se ha convertido en una nueva fuente de problemas y enfrentamientos territoriales. Por ese motivo ha actuado bien el COE al no presentar una candidatura que debe estar respaldada de forma unánime, como ocurrió en Barcelona'92, con unos réditos evidentes para Cataluña, sí pero también para todo el país. Aunque no se puede obviar que en aquel momento las circunstancias políticas catalanas eran otras y no se había desatado la pulsión independentista. En las actuales, también es muy difícil que prospere una candidatura únicamente catalana para 2034, en la que ya habría comenzado a trabajar el gobierno de Pere Aragonès, lo mismo que Aragón a favor de Jaca, sin respaldo para ambas por parte del COE, lo que aboca a que España siga sin ser sede de unos JJ OO.
Si en otras ocasiones la diplomacia del deporte ha sido esencial para limar asperezas entre países, en este caso el intento de que Cataluña se imbricara con otra comunidad autónoma para superar los recelos provocados por el 'procés', lejos de superarse, se han exacerbado. Constitucionalistas contra independentistas se ha llegado a decir tras el desencuentro con una imagen que complica más el debate territorial y da munición al victimismo 'indepe', al señalarse al presidente aragonés como responsable del fracaso.
Los únicos que ganan en este malhadado incidente son aquellos que no querían la celebración de unos Juegos Olímpicos en el Pirineo por razones medioambientales y económicas, para que el desarrollo de la zona se base en otro tipo de planes de inversión.