El auto dictado ayer por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para revisar la situación procesal del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes secesionistas es una bomba de racimo que no deja ilesos ni a los procesados ni al Gobierno que ha maniobrado hasta límites ignotos para concederles una impunidad de facto. El magistrado no ha esperado ni un solo día para, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en lo tocante a los delitos imputados a los fugados, aceptar que la reforma implica la retirada del tipo de sedición, pero no el de malversación, que implica cárcel, o el de desobediencia, causa menor que apenas admite un abroncamiento penal, como si el intento de fracturar España fuese una falta de párvulo.

Explica Llarena que la malversación no implica enriquecimiento personal, sino merma del dinero público, tal y como ha venido sosteniendo la Justicia española a lo largo de más de medio siglo de jurisprudencia. Esto pone al Ejecutivo en la necesidad de continuar invadiendo al poder judicial para lograr su objetivo último: que los políticos que ordenaron y ejecutaron el falso proceso independentista llevando a España a una situación límite vuelvan a Cataluña bajo palio y sin mácula.

Pero el juez no se ha limitado a firmar un auto de perfil 'técnico' o jurídico. Evidencia con lucidez que toda la reforma penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, sostenido y manoseado sin disimulo por el independentismo, es subsidiaria del frustrado proceso para instaurar la 'república' catalana y tiene como únicos aludidos a los fugados, además de suponer una rehabilitación inmediata de quienes al menos tuvieron la gallardía de afrontar las consecuencias de sus actos, algo que no hizo Puigdemont, que prefirió meter su valor político y personal en el maletero de un coche para fugarse del país. Más en concreto, el auto de Llarena habla de una «despenalización» de los fugados.

Toca ahora la respuesta del Gobierno, que con toda seguridad esperará a que o su socio mayoritario, Unidas Podemos, o sus adláteres parlamentarios vuelvan a agredir a la independencia judicial y la división de poderes para colgar la etiqueta de fascista de pro a todo el que no comulgue con sus postulados, una suerte de sublimación del autoritarismo travestido de una falsa superioridad moral que ya no compra nadie al margen de la militancia más radical. El Gobierno yerra pertinazmente al pensar que el tiempo y los problemas en primera persona de los ciudadanos borrarán la huella de todo lo sucedido en los últimos meses. Yerra porque esto no va de credos políticos, va de dinamitar la base de la igualdad de los ciudadanos, generando una nueva casta, la de los impunes.