El abrupto abandono del país en el que reinó durante casi 40 años está repleto de interpretaciones interesadas por parte de quienes quieren proteger al Rey Emérito y a la institución de la Corona y de aquellos que no van a desaprovechar la oportunidad de socavar uno de los pilares del pacto constitucional. Y para ello todos tratan de hacer parecer lo que no es.
La salida de España del Rey Emérito, Juan Calos I, es lo más parecido a un exilio, pero no es una salida de España como la que se vieron forzados a seguir muchos de sus antepasados por sus manejos políticos. Sin serlo se parece mucho por cuanto se va dejando a un país dividido en torno a su figura y su obra política.
Se significa también que se trata de una huida de la Justicia, cuando existe una declaración expresa de su abogado defensor de que estará siempre a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo. No es una huida pero lo parece porque una de las previsiones es que sea llamado a declarar en el plazo de un mes y con que hubiera abandonado el palacio de La Zarzuela habría sido suficiente sanción moral y política. No es una huida de la justicia porque todavía no está investigado por ningún tipo de delito, pero las pesquisas que se siguen en Suiza y en juzgados españoles en las que aparece su nombre tienen visos de acabar en un sumario en el que puede verse implicado. Y aunque en el juicio popular al que está sometido ya está condenado sin respetar la presunción de inocencia, los jueces todavía no han hablado y quedan muchas investigaciones que realizar.
Tampoco son unas vacaciones de las que Juan Carlos I pudiera volver para reincorporarse a su vida habitual en España, incluso lejos de las labores de representación a las que ya había renunciado, porque su destierro tiene visos de ser permanente para facilitar que Felipe VI pueda desarrollar su labor con sosiego, dado el daño infligido a la Corona con sus comportamientos personales inapropiados en el aspecto económico, y porque se ha convertido en el principal enemigo de la institución que representaba.
Aunque parezca que la crisis política desatada con Juan Carlos I de protagonista puede desembocar en una crisis de Gobierno, por la actitud de los ministros de Unidas Podemos y las iniciativas de este partido en sede parlamentaria, Ayuntamientos o en la calle, nada más lejos de la realidad, al menos de momento. Los desencuentros los arreglan entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y pese a que pareciera que el jefe del Ejecutivo trabajaba para segar la hierba bajo los pies a Felipe VI, ha demostrado que se ha convertido, como es su obligación por su cargo, en el garante de la estabilidad constitucional.
Que Pedro Sánchez desconozca el paradero del rey emérito es impensable. Pero lo que sí parece un nuevo error de comunicación y de transparencia de la Casa del Rey, es que desde esa instancia no se comunique el país de residencia porque Juan Carlos sigue sin ser un ciudadano normal.