Hace cerca de diez años desde los colectivos ciudadanos tuvimos que recurrir el plan de cuenca del Tajo. Antes de dictar sentencia el Tribunal Supremo, se publicó el siguiente plan de cuenca que también hubo que recurrir. Entonces el Supremo dijo que nos esperásemos a la sentencia del segundo. Ya puestos… Las sentencias (se sumaron a este segundo recurso los ayuntamientos de Talavera de la Reina, Toledo y Aranjuez, más la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) se emitieron en marzo de 2019. Efectivamente, los planes del Tajo no fijaban caudales ecológicos. Esos caudales deberían haberse fijado en 2010, estábamos en 2019. Pero por si fuera poco, el Tribunal Supremo y el Gobierno de España llegaron a un acuerdo para fijarlos ya en la revisión del plan, a finales de 2021. Dos años y medio más después. Ya puestos… Pero el plan, el tercero de este ciclo, no se publica en el BOE hasta febrero de 2023, un año y pico más tarde. Y sólo se fijan parte de los caudales ecológicos, muy bajos, y ya si eso en enero de 2027.
El actual plan de cuenca del Tajo incumple las sentencias del Tribunal Supremo. Pero da igual. Es una patada hacia adelante y el que venga después que se las apañe. Aquí todo el mundo va a recurrir. El avispero se ha removido. Lo conseguido es muy poco, casi nada, pero empieza a poner más que orden, el dedo en la llaga en el contubernio del Tajo. Ahora se abren al menos tres escenarios principales, con sus ramificaciones y derivadas, en un entorno político marcado por las autonómicas y nacionales de este año. El primero es el de las medidas cautelares que se van a solicitar desde la triple entente trasvasista: Valencia, Murcia y Andalucía, aunque éste último lo haga a título meramente político porque nunca han dejado que se lleve casi nada del trasvase. Van a pedir que se vuelva al escenario anterior, quitar ese mísero metro cúbico por segundo que en teoría se ha incrementado el caudal en Aranjuez. El segundo es el de personarse junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra los recursos a la totalidad que vengan desde triple entente para defender las migajas logradas. Y en tercer lugar, recurrir el propio plan, porque entre otras cuestiones incumple las sentencias del Supremo.
Y luego las ramificaciones del asunto. Madrid va a entrar en el juego, va a recurrir también, no por el Tajo que le importa poco, sino para garantizar su situación privilegiada en el Alberche y el Sorbe, ríos por cierto de los que dependen los dos territorios de mayor desarrollo socio-económico de Castilla-La Mancha: la Sagra-Toledo, y el Corredor del Henares. Y hay que revisar de nuevo los umbrales de sobreexplotación de Entrepeñas y Buendía. Y los desembalses hacia el Tajo, para cumplir caudales ecológicos. No sólo los mínimos, sino las crecidas en Aranjuez, Talavera de la Reina y Toledo, aunque esta última no tenga asignado esa parte de los caudales ecológicos. Toledo, ya lo he escrito, ha quedado muy mal parada en este plan.
El plan del Tajo resultante es un acuerdo político. Un equilibrio que no se sostiene. No se pueden ignorar la legislación de aguas española y europea y la propia situación del Tajo. Y no se puede dilatar más sin justificación lo sentenciado por el Tribunal Supremo. Eso no se puede acordar en un despacho. Las sentencias se cumplen y punto. Queda mucho trabajo por delante. Mucho.