A medida que aprieta el calor, las siembras van limoneando, las plantas de melón y cebolla agarrando y las nuevas viñas cerniendo, la actividad laboral en el campo recupera su pulso y entra en fase 1 de recolección. Realmente el ajo no entiende de alarmas ni desescaladas aunque urge su recogida tras una primavera generosa en lluvias que se tornarán en buenos rendimientos y más dientes con los que el agricultor sonreirá por los buenos precios y apenas enlace que resta en los almacenes y principales cooperativas.
   Pero ahora toca doblar el lomo y sacar de la tierra el fruto cultivado durante más de medio año como hacen estos días en los campos de Balazote, Minaya, o en Las Pedroñeras, la cuna del antibiótico natural más potente de nuestra dieta mediterránea, postulado incluso como ingrediente en una investigación frente a la COVID-19.
   Con la cosecha del spring violeta, la variedad más temprana, se ponen a prueba las medias urgentes del Gobierno para resolver la principal papeleta del campo en estos tiempos extraños: la falta de mano de obra que ya afloró cuando nuestra vida era normal, holgada, y cómoda. Bien es cierto que el escenario laboral se ha complicado tanto que dicha circunstancia podría jugar a favor para encontrar candidatos que otros años despreciaron la oferta por no tener necesidad, por estar en otros trabajos más llevaderos, o porque la demanda quedaba cubierta con extranjeros.
   Por eso, como anticipándose a la posible excusa o al menos tratando de incentivar la predisposición, se incorporó una medida sin precedentes sobre las prestaciones por desempleo para que nadie que pudiera estar cobrándola, tenga que renunciar a ella o interrumpirla si opta por fichar por un patrón. De esta manera seguirá ingresando el subsidio y sumarlo a los cuarenta o cincuenta jornales sin más condicionantes (excepto los inmersos en ERTES por la crisis del coronavirus).
   De momento, la temporada está en marcha y los ajeros han comenzado a reclutar a los trabajadores de proximidad que, según el Real Decreto Ley, siguen siendo prioritarios por aquello de reducir la movilidad para evitar contagios. Pero no todos los territorios tienen una densidad suficiente de población como para garantizar que vayan a estar ahí, cuando más se necesiten.
   Por ello se previó una cláusula de ajuste para que las comunidades autónomas pudieran introducir medidas que favorezcan la contratación por un criterio de dispersión, por ejemplo. Y de ahí el Decreto que aprobó la Consejería de Economía y de Agricultura incorporando el concepto de pernoctación que, en la práctica, permitirá que puedan desplazarse desde cualquier punto de la región hasta el tajo siempre que se alojen cerca de la explotación.
  Gracias a esta sencilla definición, y según la interpretación de la administración autonómica, podrán venir de otras comunidades autónomas donde van terminando precisamente las primeras cosechas como en el caso de la fresa en Huelva, o del ajo en Córdoba.
   De momento, el RDL tiene vigencia hasta el 30 de junio, pero el Ministro Luis Planas ya ha confirmado en el Senado que sus medidas se prorrogarán hasta finales de septiembre para salvar otras campañas como la vendimia, aunque en todo el proceso se ha obviado una circunstancia que, para los que arriesgan su capital, hasta recoger el fruto, resulta vital. Y es la cualificación mínima, la experiencia y la preparación que necesitan para echar horas al aire libre.
   Nada que ver en todo caso con la esclavitud laboral como pregunta el Ministerio de Trabajo en un formulario de inspección laboral al propio sector que se ha sentido «dolido, estigmatizado y criminalizado» también en tiempos de pandemia por el coronavirus.