El Consejo de Ministros aprobará mañana en su reunión extraordinaria la bajada del IVA de la luz del 10 al 5% anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados –ya la había rebajado desde el 21%–, para hacer frente a una elevadísima inflación, sostenida en el tiempo, que está haciendo mucho daño a la economía de las familias españolas. La medida se suma a otras ya implantadas como las ayudas directas a los combustibles, que es más que probable que se vean incrementadas para profesionales y transportistas, el límite al precio del gas, que aunque moderado empieza a tener el efecto que se esperaba, y otro paquete de medidas que parece que se aprobará para ayudar no solo a las rentas más bajas, sino a la clase media con un cheque que podría llegar hasta los 300 euros.
Más de uno ha interpretado ya estos movimientos como la respuesta electoral a los resultados de los comicios del pasado domingo en Andalucía, pero lo cierto es que estas medidas responden a una necesidad ciudadana. Es más, el sector del transporte de hecho ya venía presionando al Gobierno antes de esas elecciones para que tomara medidas al respecto, ya que empieza a ser más rentable tener los camiones parados que en marcha, y llenar el carro de la compra se ha convertido en algo prohibitivo.
No obstante, y a pesar de que el Gobierno lleva aprobados más de 10.000 millones de euros en medidas en lo que va de año, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, advertía ayer mismo de que estas iniciativas son inmediatas, con efectos en el corto plazo. Medidas de emergencia que no podrán ser sostenidas en el tiempo. Y recordaba la necesidad de acelerar «medidas estructurales» que incidan en un cambio de modelo y avancen en la soberanía energética que necesitamos para no depender tanto de fuentes externas.
Mientras, los expertos avisan de que la llegada del otoño, y después el invierno, puede agravar la situación con el corte del gas por parte de Rusia, cuando más falta hará para calentarse, y sin previsión de que la guerra vaya a concluir para entonces.
Las noticias con la gasolina y el gasoil son poco halagüeñas. Las empresas siguen subiendo los precios con alzas históricas que se han comido ya las bonificaciones. En Estados Unidos, su presidente, Joe Biden, ya ha lanzado una amenaza a las petroleras por estas subidas de precios injustificadas en una situación excepcional de guerra, y apuntando a un siguiente paso que sería la intervención de un mercado que está ahora desbocado y aprovechándose de las medidas del Gobierno, dejándolas sin efecto palpable en los bolsillos, tal y como estamos comprobando el común de los ciudadanos. Esperemos que no sea necesario llegar a ese extremo en España, y que el paquete de ayudas que se apruebe mañana, sumado a la «excepcionalidad ibérica», tengan el efecto que se espera para paliar en lo posible esta situación. Pero la emergencia es para todos, y también las grandes compañías energéticas –petroleras y de electricidad– deberían ser más sensibles a esta situación de excepcionalidad, y no tener que llegar a una «economía de guerra».