Ante la noticia -publicada por este periódico- de que la Fiscalía de Medio Ambiente «tiene abiertas unas diligencias informativas, desde hace tiempo, con el fin de recabar datos acerca del estado actual de esa zona de especial protección», ningún responsable del equipo de Gobierno municipal ha tenido a bien analizar esta intervención que, claro está, sí ha sido interpretada por el resto de los partidos de la corporación.
Sin embargo, desde el Consistorio se ha informado «que, de momento, no ha recibido ninguna solicitud o requerimiento de la Fiscalía» pero que, «en cualquier caso, colaborará con la justicia y atenderá sus peticiones como siempre ha hecho». Sobre la pertinencia o no de la entrada de la Fiscalía, recuerdan que en Vega Baja «se actúa siempre, y se actuará siempre respetando las leyes de protección patrimonial y paisajística».
Una máxima que, en palabras de Antonio Zárate, se incumple por parte de una Administración municipal que «tiene la obligación de cumplir un marco legal de protección» que, en Vega Baja, «no se respeta ni en el ámbito patrimonial ni en el paísajístico». En cuanto a la valoración realizada -por el destacado miembro de la plataforma ‘Toledo. Sociedad, patrimonio y cultura’- en torno a las diligencias abiertas por la Fiscalía, se mostró «encantado de que se haya organizado todo este movimiento ante el enorme valor paisajístico» de un espacio «que hay que proteger». Se felicitó, además, de que esta denuncia se haya registrado «como resultado del escrito» elaborado por dicha plataforma.
De hecho, el profesor Zárate apuntó que, ante el requerimiento judicial, el Ayuntamiento «no tendrá más remedio que atender estas obligaciones» ya solicitadas por la plataforma y sustentadas «en la denuncia enviada al Ministerio de Cultura el pasado mes de febrero».
Aprovechó la mención municipal para denunciar «la falta de participación del Ayuntamiento en las citas que, desde el ámbito académico, se organizan sobre Vega Baja», lo que sorprende «todavía más cuando se presupone que en los partidos de izquierda hay mayor sensibilidad ante la protección del patrimonio», percepción que «en esta caso se demuestra que no es así».
Claudia Alonso: «No me sorprende la intervención, es lógica porque los dirigentes del PSOE llevan 12 años sin actuar».
Claudia Alonso aseguró no estar sorprendida ante la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía porque «los dirigentes políticos, tanto de la Junta como del Ayuntamiento han demostrado que no tienen ninguna intención de intervenir de una forma seria y rigurosa en Vega Baja». Un espacio, apreció la portavoz municipal del PP, «que es un bien patrimonial único en España» y que, por ello, «debe hacerse compatible con el disfrute ciudadano». De hecho, y sabedora que la entrada de Fiscalía «deja en un mal lugar a las administraciones implicadas», Alonso aprovechó para reiterar la necesidad de «buscar entre todos una fórmula que haga posible la conservación e integración de los restos con el uso de la zona». Y es que, aseguró, «Junta y Ayuntamiento llevan más de doce años pasándose la pelota» cuando lo «adecuado es diseñar y determinar un plan en el que se investigue lo que hay para, después, plantear dónde y cómo actuar».
Araceli de la Calle: «Esta entrada deteriora la imagen de transparencia tanto de la Junta como del Ayuntamiento».
La concejala de Cs en el Ayuntamiento apuntó, sobre la intervención judicial en la planificación de Vega Baja, que desde su formación política siempre «hemos solicitado la máxima transparencia» en torno a este proceso, por lo que la actuación de Fiscalía viene a refrendar «la necesidad de que todos los informes relativos a Vega Baja se hagan públicos». Una dinámica que propiciaría que «todos pudiéramos conocer de qué estamos hablando». En este mismo sentido, Araceli de la Calle -que admitió que la entrada de Fiscalía «deteriora la imagen de transparencia tanto de la Junta como del Ayuntamiento»- prefirió quedarse con «la parte positiva» de la misma porque, quizá, esto haga posible «un proceso más abierto en el que todo sería más comprensible».
José María Fernández: «Es triste que sea Fiscalía la que tenga que venir a enmendar la plana a las administraciones».
El grupo municipal Izquierda Unida – Podemos de Toledo ha sido la única formación que, desde el primer momento, se ha posicionado «en contra de cualquier planeamiento urbanístico en Vega Baja», razón por la que entienden «la llamada de atención de Fiscalía a las administraciones» competentes en Vega Baja. Sin embargo, lamentó José María Fernández que hay tenido que ser Fiscalía -y antes instituciones como Icomos o la Real Academia de San Fernando- quienes «desde fuera tengan que enmendar la plana a las administraciones» porque «esto significa que las cosas se han hecho mal». En este punto, insistió el portavoz de Izquierda Unida en la «necesidad de establecer planes de protección, que no de urbanización, destinados a proteger una zona de alto valor patrimonial y paisajístico».