Poco ha durado el "compromiso personal" del presidente de gobierno con la reforma del código penal para rebajar las condenas por sedición. Pedro Sánchez asumió ese compromiso hace unos días en Bruselas, y poco después aparcaba el asunto por temor a las consecuencias que podían producirse en las negociaciones sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Que Bolaños y Pons tienen bastante avanzadas, aunque que no acaban de cerrarse.
El presidente se encuentra entre la espada y la pared. ERC pone como condición para apoyar los Presupuestos él tantas veces prometido cambio sobre el delito de sedición, pero la renovación del CGPJ no es solo una exigencia de un porcentaje grande de españoles, sobre todo del mundo de la judicatura y la política, sino que la propia Comisión Europea recuerda constantemente a las máximas instituciones españolas que esa renovación es indispensable. Ha llegado a comparar a España con Hungría, el miembro más díscolo de la UE, amenazada con ser sancionada si no toman medidas que propias de cualquier democracia, que la administración de la justicia, y los nombramientos de los jueces, sean ajenos a la política y a los gobiernos.
Pedro Sánchez ha hecho una apuesta importante por la renovación del Consejo, y si hasta ahora se ha sentido cómodo ante la falta de acuerdo ha sido porque culpaba del retraso a un PP que bloqueaba cualquier posibilidad de avance. Feijóo, sin embargo, ha dado instrucciones a Pons para que facilite la renovación con algunas líneas rojas que aparentemente ya ha aceptado Bolaños, e instrucciones también para que esas negociaciones continúen al margen del debate político y social que puede provocar la rebaja del delito de sedición.
Una situación incómoda para Sánchez, porque la rebaja del delito de sedición provocaría automáticamente que los condenados por el procés podrían recuperar su habilitación política y, lo más grave, que Puigdemont estaría en condiciones de regresar a España en breve plazo, lo que haría con la fanfarria correspondiente para hacer valer su posición y presentarse como víctima de la "opresión española". Todo un torpedo en la línea de flotación del presidente de gobierno y sus aspiraciones a la reelección. La de él mismo como presidente de gobierno -para millones de españolas ceder ante ERC y Puigdemint sería inadmisible- y también la de los candidatos socialistas que verían seriamente comprometidas sus posibilidades de ganar alcaldías y gobierno regionales. Sufrirían las consecuencias de presentarse con la lacra de unas siglas que han limpiado las biografías de sediciosos que llegaron a proclamar la independencia en el parlamento catalán. Solo un par de minutos, pero la proclamaron.
A todas estas contrariedades para Sánchez se suma que un acuerdo sobre la renovación del CGPJ le haría perder la posibilidad de acusar permanentemente al PP de falta de sentido de Estado. Y, nuevo frente abierto, la Airef ha anunciado que España se encuentra en recesión técnica.
No atraviesa el presidente su mejor momento.