España no se enchufa al coche eléctrico

Agencias
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Los problemas de licencias e inversiones impiden desplegar la infraestructura necesaria para pasar de los 15.000 puntos actuales de recarga al objetivo del Gobierno de 100.000 en 2023

Una instalación de entre 350 y 400 kilovatios supone una inversión de unos 250.000 euros. - Foto: Europa Press

Una cosa son los objetivos que establecen las políticas más eficientes y sostenibles y otra, bien diferente, la propia realidad que, en el caso del vehículo eléctrico, va acompañada de unas inversiones millonarias que requieren seguridad jurídica y planes de futuro realistas para que las empresas del sector se decidan en su ejecución.

En el contexto de conseguir que los coches eléctricos cuenten con una infraestructura suficiente, España dispone de poco más de 15.000 puntos de recarga públicos, con lo que está muy lejos del objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez de alcanzar los 100.000 en 2023, debido, principalmente, al dilatado proceso de tramitación de licencias y de conexión a la red, que puede alargarse hasta dos años más como mínimo si todo marcha bien.

Desde sectores implicados en el despliegue de esta red, como petroleras, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) o los fabricantes (Anfac), defienden que antes de poner objetivo numérico, habría que identificar las ubicaciones en las que deben estar esos puntos y procurar que los que hay funcionen correctamente.

En base a cálculos de los operadores de recarga integrados en Aedive, una correcta planificación para el despliegue de la infraestructura sería lograr 23.000 puntos antes de que termine 2022, 70.000 en 2025 y 255.000 en 2030.

Esta red no debe basarse en «números», sino en ubicaciones y tipo de recarga en cada una de ellas. Si fuera cuestión de matemáticas, muchos creerían que los 80.000 surtidores que hay en el país actualmente son insuficientes para atender a los 30 millones de vehículos de combustión que suma el parque móvil español, explica el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía.

«El vehículo eléctrico dispone de varias opciones de recarga, tanto vinculada (hogar) como de oportunidad (hoteles o centros comerciales). No es lo mismo repostar que recargar y, por eso, no se puede analizar la infraestructura con los ojos de la combustión ni con cálculos porcentuales», insiste.

En su opinión, la actual infraestructura es suficiente para atender al número y tipo de automóviles existentes, aunque hay un 40% de puntos públicos instalados o en fase de instalación que sigue a la espera de licencias o permisos.

Para acelerar el despliegue de esta tecnología, el Gobierno dictó normativas que obligan a su instalación en las gasolineras con más ventas, centros comerciales o edificios de la Administración y sociedades dependientes.

La principal petrolera de España, Repsol, suma en la actualidad 950 puntos públicos, de los que más de 450 están operativos, mientras que el resto está pendiente de permisos o de conexión a la red de distribución. «Tenemos barreras a la hora de desarrollar esta infraestructura», sostienen fuentes de Repsol, que señalan que las principales son la obtención de licencias, la conexión a la red de distribución, la legalización de la instalación con Industria para contratar el suministro o la dificultad de recuperar la inversión.

Instalar un punto de recarga de entre 350 y 400 kilovatios supone una inversión de unos 250.000 euros y, muchas veces, el coste de conectarse a la red representa un porcentaje muy elevado «llegando a frenar el desarrollo de la infraestructura por la baja utilización a día de hoy».

Mapa inteligente

Además, el problema no es la falta de infraestructura, sino que su despliegue no se haga de manera «inteligente», es decir, en ubicaciones estratégicas, adaptadas al tipo de vehículo que la va a usar o que esté «impecablemente mantenida».

En este sentido, desde la asociación de fabricantes de vehículos Anfac reclaman al Ejecutivo que elabore un «mapa» que fije dónde debe estar cada punto de recarga y con qué potencia, al igual que existe una estrategia planificada de estaciones de servicio.

«Hay que establecer objetivos vinculantes de número de puntos de recarga públicos y potencias año a año, y establecer la interoperabilidad del pago de la carga como, por ejemplo, que haya TPV en el punto y no que cada empresa tenga su aplicación», según Anfac, que cifra en unos 15.000 los puntos existentes.