Los problemas con la Justicia no cesan para Esperanza Aguirre. El PSOE solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación en el caso Lezo de la expresidenta madrileña, concretamente en la pieza que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio madrileño de Chamberí, según el escrito al que tuvo acceso este medio.
Los socialistas, que ejercen la acusación popular en esta causa abierta desde hace dos años, piden al Juzgado Central de Instrucción número 6 que «los principales actores implicados en el procedimiento de construcción de la cancha de prácticas de golf en el Canal presten declaración en calidad de investigados», incluida la expresidenta madrileña y los exconsejeros que votaron a favor de las obras en el Consejo de Gobierno de enero de 2007.
Para realizar esta petición al juez instructor, el PSOE se fija en lo declarado por la propia Aguirre en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, de cuya comparecencia celebrada en marzo de 2018 se recogen algunos extractos en el escrito.
«Yo soy la que tuvo la idea de poner en el centro de Madrid, en una zona de 12 hectáreas, que era la cubierta del tercer depósito, un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid, y no solamente de parque, sino de instalaciones deportivas y, en especial, de una cancha de prácticas de golf. O sea, mátenme, pero la idea fue mía», es una de las afirmaciones de la exministra que Ferraz considera significativas para solicitar su citación en calidad de imputada.
A juicio del bloque progresista, esto «demuestra» que la antigua dirigente del Partido Popular tenía «un claro conocimiento de la tramitación» del proyecto, pero apunta que «no solo del inicio del procedimiento, que reconoce como propio», sino de las «vicisitudes del mismo», ya que explicó en la misma comparecencia en la Asamblea de Madrid que el Ayuntamiento de la capital no quería otorgar la licencia para la construcción del campo de golf.
Según indicó Aguirre, ella no hizo «ninguna trampa» con este asunto, ya que aseguró que fueron los «responsables» del Canal de Isabel II los que «propusieron que se pudiera utilizar el artículo 161 de la Ley del Suelo, que quien entoces era alcalde había aprobado cuando era presidente de la Comunidad», es decir, Alberto Ruiz-Gallardón, y que establecía que «en casos de interés general, la Comunidad de Madrid podría prescindir de la licencia municipal».