Tres meses ha tardado la Subsecretaría de Justicia en publicar el baremo de los criterios sometidos a juicio de valor y las ofertas económicas de las empresas que han concursado para   construir el Instituto de Medicina Legal, que se levantará en la calle Dinamarca. Se trata de un antiguo proyecto que ha vagado sin destino durante doce años a pesar de tener suelo disponible cedido por el Ayuntamiento de Toledo, y tratarse de una  infraestructura urgente y necesaria para el equipo forense. 

Pese a todo, las vicisitudes ya se han quedado atrás y el Ministerio de Justicia está dando un empujón a la licitación a fin de disponer lo antes posible del edificio. De momento, la tramitación continúa su curso y la convocatoria, cuyo plazo de presentación de ofertas concluía el 21 de junio, ha suscitado un gran interés como prueba el hecho de que se hayan presentado catorce empresas -algunas mediante UTE, para hacerse con la construcción de este edificio de dos plantas y sótano sobre una parcela de 2.150 metros cuadrados.

De momento, no se avanza una fecha concreta, pero si las obras se iniciasen este otoño, puesto que únicamente falta el informe sobre la valoración económica y la adjudicación de la obra, los forenses podrían estrenar estas instalaciones  a lo largo de 2024, ya que habrá que equiparlas conforme a las necesidades y condiciones de cada servicio.

Según las actas de la junta de contratación de la Subsecretaría de Estado, la empresa 'Copisa Constructora Pirenaica' es la empresa que mayor puntuación ha obtenido en el baremo de juicios de valor, con un total de 25,75 puntos debido a su exhaustiva memoria constructiva, de seguridad y salud aportada, que tiene en cuenta los condicionantes y adapta el proyecto a los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, y a un detallado programa de trabajo. 

En segundo lugar se ha posicionado 'Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A.U.' con 25 puntos y en tercer lugar la empresa 'Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones', con 24,5 puntos.

De momento, no se ha dado cuenta del informe de valoración económica ni hay propuesta de adjudicación, pero 'Copisa' tiene posibilidades de convertirse en la adjudicataria de esta obra porque también ha presentado una oferta económica bastante razonable, 4,8 millones de euros, a los que hay que sumar algo más de un millón por el IVA. En principio, el precio base de licitación lo estableció la administración en 6,1 millones de euros, IVA incluido. 

Si bien, esta oferta no es la única ventajosa por el precio. Otras empresas de las catorce posibles adjudicatarias también han ajustado la inversión para conseguir el contrato de construcción, puesto que el precio puntúa alto en este procedimiento.  En este caso, 'Proyecon Galicia' plantea un coste de 4,4 millones de euros, sin impuestos, y 'Tableros y Puentes' lo ajusta a 4,5 millones. El resto maneja costes algo superiores, pero también hay ofertas más caras, como la de 'ASCH Infraestructuras y Servicios', que plantea un gasto de 5.082.183 euros, sin impuestos, cuantía similar a otras dos empresas, 'Barroso Nava y Cía', cuyo precio es de 5.052.671 euros  sin impuestos, y  'Edhinor', con 5.045.548, sin IVA.

Por otra parte, llama la atención en el acta de apertura de ofertas la planteada por Construcciones Sarrión, la empresa que más ha ajustado a la baja su oferta y ha calculado que la construcción del Instituto de Medicina Legal cuesta 4,1 millones de euros, sin incluir impuestos. Una cuantía que ha sembrado dudas por una posible baja temeraria, con lo que la administración envió un requerimiento hace unos días a esta empresa para que justificase la oferta y las condiciones de ahorro.

De momento, tampoco se ha establecido una fecha para dar a conocer la empresa adjudicataria, pero todo indica que la decisión y su comunicación pueden tardar un par de meses si se demora tanto como los criterios de juicio de valor.

El edificio se adaptará a la ladera y cuidará su estética para minimizar el impacto visual. La construcción del Instituto de Medicina Legal cuidará todos los detalles. Más allá de convertirse en un edificio funcional para el instituto forense, la licitación también ha puesto especial hincapié en que   el inmueble, que dispondrá de dos plantas, sótano y aparcamiento, se adapte a la ladera existente con el objetivo de que produzca «el menor impacto visual posible».

Por tanto, la documentación subraya que el edificio tendrá dos cuerpos, una base pesada pegada al terreno y embebida en el mismo y un volumen «de oficinas ligero».

Además, el proyecto arquitectónico  ha puesto especial cuidado en la estética para conseguir un edificio sobrio y de carácter institucional que contraste con «la arquitectura amable, luminosa y cercana al usuario» que marcará el interior gracias a la utilización del vidrio y de la madera. 

El proyecto se ha ido limando en los últimos años. En principio, estaba prevista la construcción de una planta semisótano, pero finalmente quedó descartada «al jugar con los niveles de acceso desde la calle Dinamarca», con lo que se proyecta una gran planta baja que incluirá el servicio de patología forense y la clínica médico forense para evitar grandes desplazamientos por el edificio.

La estructura interior también se ha simplificado para garantizar un buen acceso al público y evitar cruces innecesarios, con lo que las salas al público se situarán cerca del acceso y las reservadas a los forenses a mayor distancia para restringir el paso.

Además, la Unidad de Violencia de Género se situará en la planta baja, separada del resto de salas de reconocimiento y dispondrá de sala de espera propia.