Este verano se cumplirán tres años desde que apareciera fuel en el primero de los tres pozos históricos (dos islámicos y uno romano) en el negocio de rutas Entorno Toledo, situado en la cuesta de la Ciudad. Estos días, ha entrado en una nueva fase el conflicto entre el propietario del inmueble, Julián Baños, y el Arzobispado de Toledo, dueño del inmueble vecino en el que se ha detectado el escape que supuestamente ha contaminado los tres pozos. El empresario ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios, y los abogados de ambas partes están en contacto.

Julián Baños tiene claro que si lleva todo este tiempo sin poder trabajar, y quizás la situación perdure, es por culpa del escape del Arzobispado. Su idea hace tres años era crear un museo del agua en la ciudad y continuar la expansión de su negocio. Ahora solo ve tres pozos contaminados. Fue el pasado 4 de marzo cuando los abogados del empresario remitieron un burofax, en el que solicitaban una copia de la póliza de seguros del inmueble y pidieron una reunión «a fin de poder llegar a un acuerdo sobre en asunto que satisfaga ambas partes, ya que es evidente que no se va a poder reparar la situación y devolverla al estado anterior a agosto de 2019, pero sí pueden resarcir al menos los daños y perjuicios sufridos por mi cliente desde hasta la fecha».

El escrito recordaba que, debido a una fuga o avería en el depósito de gasoil de la sala de calderas del edificio del Arzobispado en la calle Trinidad, se han contaminado los acuíferos naturales del negocio, en una alcance todavía no determinado. En respuesta, el Arzobispado mandaba algunos jueves a una empresa a retirar el fuel de los pozos. Lo hace aplicando los productos correspondientes en 800 litros de agua, lo que hace subir el nivel freático del negocio. Esto impide el acceso a gran parte del mismo, que permanece inundado. No obstante, para los abogados esta retirada de fuel «no es eficiente, ni efectiva, ya que a día de hoy el agua de dichos pozos sigue contaminada». No solo eso, sino que la contaminación ha llegado al tercer pozo, con lo que ha aumentado el daño económico, al medio ambiente y al patrimonio, argumentan.

Pasados dos meses desde el burofax, no había contestación. De forma que los abogados de Baños remitieron un segundo escrito al Arzobispado, en el que le insistían en la petición de información. Además, advertían que, desde el burofax, la empresa contratada por el Arzobispado para hacer la limpieza del fuel de los pozos ha dejado de asistir. Así que daban un plazo de una semana para que hubiera alguna respuesta, antes de emprender acciones legales en los Juzgados de Toledo.

Una respuesta que ya se ha producido. El Arzobispado ha dejado el asunto en manos de sus abogados, que son los que han iniciado el diálogo.

Petición de información. Baños insiste en que sus pozos son un bien patrimonial, con la correspondiente protección, de la que jurídicamente es responsable la Junta. De ahí su crítica por que no se hayan pasado sus técnicos. Mientras tanto, continúa recopilando información desde las administraciones. Así, ha remitido sendos escritos a la consejería de Desarrollo Sostenible y Confederación Hidrográfica del Tajo, en los que les pide todas las denuncias e informes que obren en su poder en relación a la contaminación habida del mismo desde agosto de 2019; todas las inspecciones administrativas que consten relación a la misma y Todas las actuaciones administrativas (procedimientos) que consten.

A la consejería de Cultura, le pide copia de la documentación obrante en Patrimonio sobre el grado de protección del inmueble; todos los informes que obren en poder de esa Administración Pública en relación a la contaminación; todas las inspecciones administrativas; y todas las actuaciones administrativas. Finalmente, pide al Ayuntamiento la ficha del inmueble en el POM y Carta Arqueológica;y todos los informes todas las inspecciones administrativas y todas las actuaciones administrativas en torno a la contaminación.

Así lo hace Baños como propietario del inmueble y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y siguientes de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.