La Intervención General del Ayuntamiento de Toledo ha emitido una  instrucción sobre las actuaciones de control interno en los expedientes financiados con fondos Netx-Generation (procedentes de la Unión Europea)  con el objetivo de «garantizar al máximo la correcta gestión». El documento ha sido remitido a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo que lo traslada a las unidades de gestión para que lo apliquen. 

La Intervención ejercerá el control interno de la actividad económico-financiera con plena autonomía respecto de las autoridades y el resto de entidades cuya gestión sea objeto del control.

Entre sus recomendaciones destacan la propuesta de reservar la contratación menor para supuestos excepcionales (donde no sea posible el procedimiento abierto) y, en todo caso, la obligación de solicitar (al menos) tres ofertas, realizar el encargo formal y por escrito del contrato así como la tramitación con fases diferencias de aprobación del gasto (incluyendo retención del crédito).

También insta a implantar la supervisión de proyectos cuando han sido redactados por un agente externo, con independencia del importe. Curiosamente, la realización de este control «se licitaría», es decir, lo hará otro agente externo.

El funcionario defiende el establecimiento controles de calidad permanentes durante la ejecución de los contratos que utilicen la imposición de sanciones a los incumplidores.

Aboga por la «revisión profunda» de las actuales cláusulas sociales (fomento de la integración social de personas desfavorecidas), medioambientales (reducción de contaminación, eficiencia energética, cuidados de recursos naturales) y de innovación con el objetivo de incluir «exclusivamente aquellas que sean verdaderamente aplicables y eficaces».

Además, se creará una comisión de asistencia técnica permanente para la Junta de Contratación que se encargará de elaborar los informes de valoración de las ofertas y de cumplimiento de los pliegos. El representante de la Intervención General en las sesiones de la Junta de Contratación tendrá asignada como actuación adicional la función de control interno previo.

Según explica el expediente sobra la delimitación de los criterios de adjudicación en los contratos públicos, en general se trata de medidas de control adicionales que pretenden reforzar los sistemas de detección y corrección de las malas prácticas en la gestión pública.

Se incrementa el control previo ampliando los extremos de comprobación básicos de forma que cuando se observen deficiencias menos graves se creará un alerta en el sistema de seguimiento; en el caso de deficiencias más graves, primero, se solicitará al gestor que revise y solucione y, en el supuesto de que no actúe, se dará traslado a la Intervención General para que abra un procedimiento de control pleno.

Criterios de adjudicación. Al mismo tiempo, la Intervención General del Ayuntamiento de Toledo también ha redactado un manual que delimita los criterios de adjudicación en los contratos públicos con la intención de  no demorar la tramitación de los procedimientos.

Señala que deberá quedar clara la relación entre los criterios económicos y cualitativos (calidad, medioambientales, sociales, cualificación y experiencia del personal, servicio posventa y costes) y que deberán estar vinculados al objeto del contrato.

Si en un expediente se justifica y acuerda la tramitación urgente con criterios que dependan de un juicio subjetivo, la valoración de las proposiciones deberá realizarse y suscribirse por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a 4 días naturales.