Es indudable que las redes sociales han ardido estos días con debates encendidos focalizados en las actitudes violentas y los gritos machistas proferidos por parte de los chicos residentes en el Colegio Mayor Elías Ahúja a las chicas residentes del Colegio Mayor de Santa Mónica, tal y como se puede comprobar en el vídeo que ha sido viralizado. Lamentablemente, el comportamiento de estos jóvenes no es nada nuevo, pues se viene reproduciendo curso tras curso de modo sistemático como así se puede constatar, tanto por medio de material audiovisual, como por las declaraciones de chicas que han sufrido, reiteradamente, agresiones similares.
Es evidente que la tradición no es ninguna causa exculpatoria para minimizar la responsabilidad de esta 'manada' que reproduce un comportamiento gregario e irracional ante el que, afortunadamente, existe un amplio consenso de rechazo por parte de la población española. Obviamente, la justificación de algunas destinatarias ante dichos improperios ha producido extrañeza y ha contribuido a que la sociedad se percate de que existen infinidad de matices y puntos de vista distintos, ante el censurable comportamiento de estos jóvenes. Sin ánimo de cuestionar a las mujeres jóvenes, que han sufrido esta estigmatización, quiero alertar de que, en el entorno en el que se ha desarrollado tan execrable acción, pudiera existir una la normalización del abuso, y lo que es peor, una imposición de la ley del miedo hacía quienes han registrado estas imágenes, por parecerle intolerable esta agresión, incuestionablemente, machista.
En un país donde el verano ha venido marcado por noticias relacionadas con los intentos de sumisión química a través de pinchazos, en el cual casi el 60% de las jóvenes reconoce haber mantenido relaciones sin deseo sexual o declara haber sentido miedo de que alguien pudiera ejercer algún tipo de violencia sexual sobre ellas en espacios públicos, -según el estudio Sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español, encargado por el Instituto de las Mujeres con encuestas a 1.516 jóvenes de entre 18 y 25 años-, parece evidente que el ámbito universitario y los poderes públicos no pueden limitar su actuación a una mera condena en los medios o a la apertura de una investigación de la Fiscalía que, por muchas razones, es previsible que quede en nada. Por tanto, es urgente abordar de manera rigurosa, un diagnóstico adecuado de la realidad en la que viven las adolescentes y las jóvenes de nuestro país y no tratar de limitar su protección y su educación sexual integral a las meras creencias de sus las familias.
Finalmente, no nos podemos permitir ser ajenos a la existencia de un claro riesgo de que el miedo gane espacio a la libertad en este contexto en el que, además, es posible que hayan fallado algunas de las estrategias diseñadas por no haberse podido adaptar a la rapidez con que se transforma el ecosistema en el que se desenvuelve la juventud. Sin dejar de lado la urgencia de trabajar, también, con los hombres desde edades muy tempranas para que no se vean abocados a construir sus masculinidades desde la simulación de roles que, aunque de distinta apariencia, sigan siendo igualmente tóxicos, y lo hagan desde la corresponsabilidad y la participación activa en la construcción de una sociedad realmente igualitaria.