El acusado de matar, en agosto de 2019, a su cuñada, que tenía una discapacidad, y de acuchillar a otra mujer en Yeles, para el que el fiscal ha pedido 40 años de prisión, ha reconocido los hechos en la vista que este lunes se ha celebrado a puerta cerrada tras la petición del Ministerio Fiscal.

Fuentes judiciales han informado de que el juicio con jurado popular, que ha comenzado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Toledo y que estaba previsto que se alargara durante cinco días, se ha celebrado con menos prueba tras el reconocimiento del procesado.

De esta manera, las mismas fuentes han precisado que tras las conclusiones finales y el informe de las partes -fiscal, acusación particular de la familia de la fallecida y letrado de la defensa-, los nueve titulares del jurado, que se ha conformado en poco más de una hora, se han retirado a deliberar.

Debido a la decisión de celebrar el juicio a puerta cerrada, que ha solicitado la fiscal y a la que se han adherido la acusación particular y la defensa, no han podido acceder a la sala ni los familiares ni el público.

Para realizar esta solicitud, la fiscal ha apelado al artículo 25 del Estatuto de la Víctima y ha considerado que el desarrollo del juicio puede afectar a los familiares de la fallecida y a la otra víctima, por lo que ha abogado por "garantizar o intentar que no se vulnere la intimidad" de los mismos.

La letrada de la acusación particular se ha adherido a la solicitud así como el abogado defensor, que ha indicado que lo hace "también con el fin de proteger la intimidad" de su defendido y de sus familiares.

El magistrado presidente ha aceptado la petición formulada por la fiscal porque ha entendido que, en este caso, "prima la protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen al menos de una de las víctimas y de la familia de la persona fallecida".

En un principio, salvo modificaciones en las conclusiones que no han trascendido, el acusado se enfrenta a 40 años de cárcel por la comisión de los delitos de asesinato con alevosía de su cuñada (por el que el fiscal ha pedido 20 años), el delito de robo con violencia del dinero de la pensión de la víctima asesinada (cinco años) y un delito de asesinato en grado de tentativa de la otra víctima (15 años).