Las residencias de mayores fueron las que tuvieron que afrontar las restricciones de esta sexta ola en Castilla-La Mancha, limitaciones de visitas (primero una vez a la semana y luego dos) y de salidas, que no podían ser por un período inferior a siete días. Hasta febrero no se han ido flexibilizando y finalmente eliminando. Antes de terminar el mes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, se reunió con los directores de las residencias de titularidad pública para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas en esta sexta ola.
«Es importante poder hacer esta evaluación y poner en común esas medidas que se han llevado a cabo para poder valorarlas de forma positiva o no, en caso de que no lo fueran», expuso antes de entrar en la reunión. Defiende que esta evaluación hay que hacerla para «poder mejorar en futuros escenarios que nos pueda traer la pandemia».
Parece que las limitaciones han dado resultado y que en Bienestar Social han tomado nota. «La medida que se tomó de forma preventiva de limitar visitas y salidas para poder contener los contagios fue un antes y un después para doblar esa curva», expuso. La consejera destacó que la incidencia y los contagios han venido cayendo en las últimas semanas hasta el punto de que ahora quedan 514 casos en 76 centros. García confía en volver a recuperar la «normalidad» de octubre cuando se llegó a los cero contagios. En la reunión también se estudiaron las buenas prácticas en alimentación saludable del centro Gregorio Marañón de Ciudad Real y de ocio terapéutico de Los Jardines de Manzanares.
García dice que los centros públicos ya cumplen con las nuevas ratios
Otra de las cuestiones que se tenían que revisar en la reunión de la consejera con las residencias públicas es el nuevo decreto de condiciones básicas, que entrará en vigor en mes y medio. «Aunque los centros residenciales de titularidad pública de la Junta cumplen con todos los parabienes del decreto, sí consideramos importante poder tratar y hablar de las cuestiones necesarias en base a ese decreto», expuso la consejera de Bienestar Social, Bárbara García.
Una de las novedades es que se fija una nueva ratio de un profesional por cada cinco residentes. Aunque la ratio es nueva, la consejera recalcó que «en Castilla-La Mancha esa ratio se venía cumpliendo», de modo que «se han puesto sobre el papel medidas en las que ya veníamos trabajando». Insistió en que «las ratios se cumplen en todos los centros residenciales y si en algún momento no se cumplen, la administración tiene que hacer que se cumplan».
El decreto también fija nuevos requisitos para la construcción y reformas de residencias, apostando más por estructuras horizontales y unidades de convivencia de hasta 16 residentes.