La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado que la retirada de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores "está cada vez más cerca", gracias a la evolución a la baja de la pandemia de COVID-19.

"Es verdad que todo apunta que el cuándo está cada vez más cerca, pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo", ha explicado en rueda de prensa este jueves tras las Jornadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) sobre Vigilancia en Salud Pública, que han reunido a Darias y a los consejeros de Sanidad de las CCAA y ciudades autónomas en Zaragoza (Aragón).

Así, la ministra ha indicado que por el momento se sigue discutiendo la manera de abordar la retirada de la mascarilla en espacios interiores. "Tenemos que ponernos de acuerdo no solo en el cuándo sino también en el cómo. Cuando eso se produzca ya lo daremos a conocer", ha precisado.

Las comunidades autónomas están exhibiendo en las últimas fechas distintas posiciones sobre el fin de las mascarillas en interiores. La Comunidad de Madrid ha sido la única que ha pedido abiertamente que se retire esta medida en ciertos ámbitos, aunque en las últimas horas Andalucía se ha abierto a valorar esta retirada de manera gradual. Por contra, el País Vasco y Extremadura han rechazado aplicarlo sin consenso, mientras que otras regiones han evitado situarse en uno u otro lado y apelan a los criterios técnicos.

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves, con 283 votos en contra, 9 a favor y 47 abstenciones, la enmienda a la totalidad de Ciudadanos (Cs) al Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que planteaba, entre otras medidas, la eliminación de las mascarillas en interiores.

Durante su debate, la propuesta de la formación 'naranja' se ha encontrado con muchas críticas por parte del resto de partidos, sobre todo porque consideran que la retirada de las mascarillas en interiores debe realizarse por parte de las autoridades sanitarias. Por ello, han acusado a Ciudadanos de actuar con oportunismo.

Vigilancia para casos graves, nuevas variantes y aumentos de incidencia

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sí han acordado por unanimidad un sistema de vigilancia transitorio contra la COVID-19 que siga trabajando en la detección de los casos graves, los posibles aumentos de incidencia y las nuevas variantes, aunque con el horizonte máximo de marzo de 2023.

Durante el encuentro, han determinado que habrá una "fase de transición" en la vigilancia de la COVID-19 hasta la implementación completa del sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) en Atención Primaria y graves (IRAG) en atención hospitalaria, que se deberá producir en toda España "antes del fin del primer trimestre de 2023". Para ello, se constituirá un grupo de trabajo con la participación del Ministerio de Sanidad y las CCAA.

En colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Sanidad y CCAA determinarán el tamaño muestral necesario para la futura vigilancia epidemiológica de la población centinela de las IRAs. Tras ello, el grupo de trabajo creado elaborará una propuesta complementaria basada en el uso del Sistema Español de Resultados de Laboratorio para Pruebas Diagnósticas de SARS-CoV-2 (SERLAB) en dicha población centinela, que "servirá de impulso" para las comunidades que estén en proceso de incorporación al Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA).

Sobre cuándo se pondrá en marcha el sistema transitorio, superando la actual vigilancia exhaustiva de la COVID-19, la ministra ha reconocido en rueda de prensa que las CCAA y Sanidad tienen "claro el cómo" pero no tanto el "cuándo".

Por ello, han solicitado a la Ponencia de Alertas que realice una propuesta que sea elevada a la próxima Comisión de Salud Pública, que se celebrará la próxima semana, para "decidir a partir de qué elementos se podría empezar ya a poner en marcha este sistema transitorio para hacer un seguimiento de los casos vulnerables y graves".

Tal y como ha explicado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, la vigilancia centinela es un método para recopilar datos epidemiológicos de manera sistemática y rutinaria en un número limitado de puntos, a través de la notificación de determinados facultativos en la Atención Primaria. Estos profesionales se eligen para que la muestra sea representativa de la población general.

Calzón ha añadido que, en el marco de esta nueva vigilancia centinela, se va a crear un sistema de información para monitorizar las aguas residuales, similar al que funciona en la Comunidad de Madrid desde los comienzos de la pandemia, como "forma complementaria para la vigilancia de la COVID-19".

Mientras tanto, han acordado mantener un sistema de vigilancia transitorio "capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal".

Además, tendrán que garantizar una "vigilancia individualizada" de los casos de COVID-19 en "ámbitos vulnerables y casos graves", así como la vigilancia y seguimiento de brotes epidémicos "en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés".

Igualmente, tendrán que mantener los sistemas de información desarrollados específicamente para el seguimiento de la COVID-19 "ante el riesgo de cambios negativos en el curso de la pandemia y aportar la información de los casos detectados en atención primaria incluidos en los códigos de IRAs".

También tendrán que garantizar "la capacidad suficiente de medios diagnósticos para la detección de nuevas variantes, con un nivel adecuado de secuenciación".