Hace poco más de un año se firmaba un convenio a tres bandas para buscar soluciones a Vega Baja. Lo firmaron el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades y el ministerio de Cultura. En todo este tiempo que ha transcurrido, algunas formaciones políticas están buscando mecanismos para que ese convenio a tres «no sea un documento firmado sin más». Es el caso de IU-Podemos y de su portavoz en el Consistorio, Txema Fernández, que ha anunciado que presentarán una alegación a los Presupuestos Generales del Estado para dotar de una asignación económica a este acuerdo que les permita actuar.
Fernández explica que la intención es que este proyecto se presupueste con dos millones de euros para ver «si teniendo dotación presupuestaria se actúa de alguna manera en beneficio de este entorno». La apuesta de IU-Podemos en este sentido es que con esa cuantía se realicen planes de protección patrimonial en Vega Baja para frenar de alguna manera otros intereses urbanísticos.
Sobre otras alegaciones que el grupo político pueda presentar a estas cuentas públicas no se pronunció Fernández, teniendo en cuenta que aún no conocen el texto definitivo, pero sí que mencionó que a la espera de ver si este lo incluye o no, volverán a pedir la rehabilitación de la biblioteca del paseo del Miradero, «porque está en ruinas». El portavoz del grupo municipal expresó también que lo llevan solicitando desde 2017 con una dotación de un millón de euros, para, al menos, sacar el material que allí aún se guarda mediante un trabajo de catalogación.
INVERSIONES MUNICIPALES. Txema Fernández también abordó otros asuntos, en este caso, relacionados con inversiones que viene realizando el Ayuntamiento de Toledo y que, a su juicio, no son de su competencia. En nombre de IU-Podemos, este se refirió a las inversiones que el equipo de Gobierno ha realizado en el mantenimiento o limpieza de centros escolares.
Concretamente, Fernández recalcó que se han invertido más de seis millones de euros en una labor que «es competencia de la Junta». De hecho, aclaró que se usaron 650.000 euros procedentes de los recursos del Estado para paliar los daños de Filomena en las pistas deportivas de los colegios Ángel del Alcázar, Gregorio Marañón y Gómez Manrique, «cuando tendría que ser la Junta quién debería haber asumido las competencias y, por tanto, haber destinado ese mismo dinero a quién de verdad lo necesita», argumentó Fernández.