El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea de este lunes en Bruselas, significa mucho más para España que para la presidencia rotatoria que estrena Suecia. Porque, aunque no será hasta el segundo semestre cuando Luis Planas coja el volante de la coordinación agroalimentaria de los veintisiete estados miembros, todo lo que se plantee y se negocie hasta entonces, acabará cogiendo forma en la segunda parte de este 2023. Quizá por ello el Ministro ha mantenido ya en Estrasburgo encuentros políticos de sondeo con miembros de la Comisión y del Parlamento.  
Y es que hay asuntos trascendentales como la nueva propuesta para un uso sostenible de fitosanitarios, (los productos con los que nuestros agricultores y ganaderos combaten las plagas y enfermedades), además de otras cuestiones sobre bienestar animal que afectarán al transporte de las cabañas por carretera, sus densidades y tiempos máximos de los traslados, o la propia revisión de las nuevas perspectivas financieras para actualizar las cuentas de Europa, golpeadas por la guerra.
Ya vimos en otra fanega que la PAC tendrá una baza fundamental para recalcular sus principales partidas, desfasadas por el efecto de la inflación, la grave crisis económica, energética y de insumos como reconoció el propio comisario de Agricultura. Aunque ya comprobaremos qué urgencia se impone finalmente en el Consejo y entre los jefes de Estado y de Gobierno, si resuelven gastar más en defensa y armamento para protegernos ante el asedio ruso, o para propiciar un final rápido del conflicto antes que garantizar la soberanía alimentaria en la que todos estamos de acuerdo pese a que el planteamiento no acabe de fraguar.
La gestión de todos estos frentes se va a producir en un año electoral en España. Primero con las autonómicas y municipales, y después, con las generales. Pero después, con las comunitarias a la Eurocámara que coincidirán con la primera revisión de la actual Política Agraria Común.
En este sentido, Europa está atrapada en su propio calendario. Porque cuando ningún beneficiario ni administración ha tenido tiempo de estrenar el modelo y comprobar la verdadera justicia que otros predicaron, se hace necesario revisarlo para preparar la próxima PAC para después de 2027 que no está tan lejos. De hecho, el pasado miércoles, el COPA-COGECA, el órgano que representa a todas las organizaciones agrarias europeas y a las cooperativas, inició la primera ronda para ir preparando propuestas y alternativas.
De momento toca estrenar la reforma, ver la penetración de los eco-regímenes medioambientales y abrir el cajón de los dineros para apoyar una renta básica hasta el final de ese año. Toca también arrancar la nueva intervención sectorial del vino para seguir propiciando la modernización del viñedo financiando nuevas inversiones, relanzando la promoción en terceros países, o favoreciendo una mayor gestión medioambiental de los subproductos tras la vendimia. Y toca organizar con tiempo un mecanismo que regule cosechas voluminosas acudiendo en julio, si fuera necesario, a una vendimia en verde para quitar racimos y lograr un equilibrio con el mercado. De momento, diez comunidades autónomas ya han dicho al Ministerio de Agricultura que no sería descartable. Pero son abril y mayo los que tienen las llaves del año.
En este 2023 y siguientes, toca desplegar los planes de desarrollo rural, los nuevos compromisos agroambientales, las próximas ayudas ecológicas que vienen con cambios, y las siguientes convocatorias para jóvenes. Urge sin embargo rescatar a la ganadería, sobre todo extensiva, que no encuentra relevo pese a tener -por ejemplo en leche-, el mejor incentivo con precios históricos. Ni los insaciables fondos de inversión parecen interesarse.