El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer la subida de un 9,8% en el IPC del mes de marzo, un dato que no se registraba desde 1985, confirmando la desbocada inflación que los ciudadanos llevan muchos meses sufriendo en sus bolsillos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya ha afirmado que ve «inaceptable» este incremento y acusa directamente a las petroleras de ser las principales responsables por la subida de los costes energéticos. Falta, sin embargo, que el Gobierno ponga en marcha medidas audaces y contundentes con el objetivo de frenar la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas, las que más están sufriendo esta escalada de los precios que no parece tener fin, al menos, en el corto plazo.

Aunque el dato conocido ayer no incluye los efectos del plan anti crisis que implantó el Ejecutivo, no parece que este vaya a lograr una bajada superior a los dos puntos, según coinciden en señalar todos los expertos. Solo si finalmente se aprobara el mecanismo planteado por el Gobierno para limitar el precio del gas para generación eléctrica en 30 euros se conseguiría rebajar sensiblemente la inflación, pero también a costa de una trampa en el cálculo. Actualmente, el IPC contempla solo los costes de la electricidad en el denominado mercado regulado, a quien afectaría ese tope marcado. Las eléctricas ya han advertido que no tendrán más remedio que repercutir esa merma de ingresos a los usuarios del mercado libre, con lo que aunque la inflación baje oficialmente, en la práctica la mayoría de los ciudadanos pagarían más por la electricidad.

Ha llegado ya el momento de abordar, como plantea el PP, una rebaja fiscal que permita hacer frente a esta inflación descontrolada. No se trata de eliminar impuestos a todos por igual, sino en función de los ingresos. También habría que rescatar ese 'pacto de rentas' que anunció tímidamente Pedro Sánchez y que después pasó a engrosar el cajón de las propuestas olvidadas. Pero este acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores debe darse en el seno del diálogo social, organismo creado para abordar este tipo de cuestiones y que tan buenos resultados ha dado en el pasado. El Gobierno debe alentarlo e impulsarlo, pero cualquier intento de injerencia puede ser contraproducente.

Hay un hecho objetivo y es que con el IPC rozando el 10%, los ingresos que recibe el Gobierno vía impuestos crecen de manera sustancial. Es hora, por tanto, de aplicar medidas para que parte de ese dinero se quede en los cada vez más mermados bolsillos de los contribuyentes. No debe olvidar Pedro Sánchez cómo, a efectos electorales, la inflación tiene efectos perniciosos para los partidos en el poder. Ahí está la historia para demostrarlo.