El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado una tradición que nunca se fue del todo, realizar anuncios relevantes sobre cuestiones de política nacional cuando se encuentra fuera de España en algún viaje oficial. No será porque no ha contado con dos ocasiones magníficas para hacerlo, el debate sobre el estado de la Nación y su comparecencia de prensa para presentar el balance de la primera parte del año, porque de lo que ha hablado no son asuntos de nueva planta, sino que ya había runrún sobre las decisiones que se iban a adoptar.
De gira por los países balcánicos, a los que ha mostrado el apoyo del Ejecutivo español para que ingresen la Unión Europea y ha animado a que cumplan los parámetros que permitan su integración, Sánchez ha confirmado la decisión del Gobierno de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden en sustitución de los que ya llevan casi dos meses con el mandato caducado. La iniciativa es polémica por cuanto el TC se renueva por tercios y en este cupo también entran los dos que han de ser nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, que ha recibido una ley ad hoc para que lo puede hacer después de tener cercenada la función de designar altos cargos judiciales mientras se encuentra en funciones, y llevan ya tres años y medio. Como es habitual en todas las cuestiones judiciales o de política judicial, hay opiniones para todos los gustos, las de aquellos que consideran que el Gobierno no podrá actuar por su cuenta, y la de quienes consideran que está en su derecho. A pesar de su situación de interinidad se hace difícil pensar que el órgano de gobierno de los jueces no va a cumplir con ese mandato. Si no nombra a sus magistrados –la composición del TC cambiará a una mayoría progresista- será evidente que, dada su actual composición de mayoría conservadora, procedente de la época de Mariano Rajoy, están por la labor del filibusterismo y que el PP trabaja para no soltar el control de la judicatura, ni por la puerta de delante ni por la puerta de atrás, con el incumplimiento del mandato constitucional que revisten como una despolitización en la elección de los vocales del CGPJ que no tiene otro fin que afianzar el control conservador del órgano de gobierno de los jueces.
El presidente del Gobierno también ha dado en Tirana pistas sobre la próxima reforma de la ley de secretos oficiales, que pasará a estar gestionada por el Ministerio de la Presidencia, en lugar del de Defensa, un nuevo encargo más para el ministro Félix Bolaños –el 'ministro perejil' como le definió la expolítica Macarena Olona-. Moncloa se ha encargado de desactivar una nueva crisis por conflicto de competencias entre ministros al subrayar el apoyo al proyecto de Margarita Robles, para evitar un nuevo episodio como el que tuvo lugar con el 'caso Pegasus'. El cambio está en consonancia con lo que se hace en otros países, porque los secretos, con diferente nivel de protección, no solo conciernen a la defensa nacional. Sin embargo, el límite de los cincuenta años para su desclasificación, con posibilidad de ampliación en algunos casos, supone hurtar el conocimiento de algunos sucesos políticos a varias generaciones de ciudadanos e historiadores, y se encuentra lejos de lo que el propio PSOE defendía hace unos años -25 y prórroga de diez-, por los que también apostaba el PNV, el partido que más ha batallado por acabar con la vigente ley de secretos oficiales preconstitucional.