Resultar más «eficiente» en los controles, es el objetivo que se marca el Gobierno de Castilla-La Mancha, al constituir la Comisión Regional para la Coordinación de la Prevención y Erradicación de las Prácticas Comerciales Desleales. Con ella se pretende coordinar las actuaciones de los distintos órganos directivos de la Junta con competencias concurrentes en el ámbito de las prácticas comerciales desleales y también con la Administración General del Estado. «Tiene por objeto que los controles que se desarrollen resulten más eficientes en la medida que se aborden con un carácter integral», explicaba tras la reunión de constitución el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara. Se va a trabajar «tanto en los distintos aspectos a controlar como en la fase de cadena de valor en la que se llevan a cabo, permitiendo una trazabilidad completa en el proceso, desde la producción o fabricación hasta su venta a las personas consumidoras y usuarias».
Recuerda Lara que la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha establece que éstas tendrán derecho a una protección frente a las prácticas comerciales consideradas desleales por agresivas, abusivas o engañosas, antes, durante y después de una transacción comercial.
La publicidad engañosa, explica Lara, que es la «más habitual», entre las prácticas comerciales desleales, «es decir, que puede inducir a error al público destinatario o afectar su comportamiento económico», insiste Lara.
Calidad diferenciada
En el ámbito alimentario, genera especial interés los alimentos propios de Castilla-La Mancha en el uso de las figuras de calidad diferenciada tales como Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) o Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). Un ámbito en el que es habitual que algunos operadores utilicen de modo inadecuado estas figuras, cuando no directamente de modo fraudulento o con ánimo de engañar a las personas consumidoras y usuarias.
Aunque también hay prácticas que se pueden calificar de desleales en la comercialización de bienes y servicios fuera de los establecimientos mercantiles, en la venta a distancia o en el comercio electrónico. En cuanto a las funciones que desempeñará la Comisión, además de las propias de coordinación de actuaciones y cooperación en la materia, estarán las relativas al análisis de la situación regional en materia de prevención y erradicación de las prácticas desleales y el fraude alimentario, la información al Gobierno regional de cuantas medidas se programen y lleven a cabo; y la intervención, con carácter preceptivo, en relación con proyectos de normas legales o reglamentarias autonómicas en las materias objeto del presente decreto.