Las cuentas del Patronato Municipal de Turismo tienen un futuro encaje complicado a pesar de las previsiones que manejan los técnicos a la hora de elaborar su presupuesto de cara a 2023, dado que este órgano arrastra dos problemáticas importantes relacionadas con impagos en dos contratos que merman considerablemente los ingresos y pueden llegar a comprometer la situación financiera del patronato en los próximos meses.  

El proyecto presupuestario presentado ascenderá a 879.000 euros, que implica una bajada del 12% respecto a este año. La cifra no ha sentado bien en las filas de la oposición, como ya ha manifestado el Grupo Municipal Popular hace días, pero más allá de un recorte económico en un patronato que gestiona uno de los sectores más importantes para una ciudad Patrimonio de la Humanidad, la documentación ofrece una lectura difícil de asimilar que ha encendido las alarmas de la Intervención y de la Tesorería Municipal. 

En este caso, un primer informe de control del interventor en relación al presupuesto del Patronato de Turismo propuesto, fechado el pasado 16 de diciembre, analiza si las cuentas cumplen con «los requisitos formales y materiales» y se ajustan «al marco de estabilidad presupuestaria». 

El informe alude al vigente contrato del tren turístico que se formalizó en el año 2017 y se encuentra en litigio tras el recurso que el concesionario 'Trainvision Spain S.L' en los tribunales contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local de diciembre de 2021 aprobando la prórroga de 18 meses, con un canon anual de 611.125 euros más IVA al año. 

Si bien, el juzgado acordó la suspensión cautelar del acto administrativo, con lo que el devengo se deja en 24,42 euros por viaje, una situación, según el interventor, que deja al Patronato «en riesgo real de falta de recursos financieros para acometer los gastos comprometidos». Además, el informe ahonda en que este anteproyecto del presupuesto se ha elaborado «sobre la hipótesis de la adopción de un acuerdo de las partes en sede judicial», pero el interventor recuerda que, de momento, no hay constancia del acuerdo, existe una deuda de pago pendiente de 600.450,48 euros y no hay una certeza de que finalmente el Ayuntamiento pueda cobrar una cuantía superior a 24, 42 euros por expedición para esos 18 meses de prórroga. 

Por tanto, el interventor pone el acento en esta problemática y subraya que debe informar «negativamente» respecto a este anteproyecto porque sin un acuerdo judicial  existe riesgo de insuficiencia financiera para hacer frente a las obligaciones presentes y futuras». También considera que «la estimación de ingresos no es realista conforme a la información disponible».

una salida. La Intervención no se quedó ahí. Tras este primer y extenso documento, el interventor firmó una adenda al informe de control interno el 19 de diciembre, cuatro días más tarde, para analizar un acuerdo de satisfacción extraprocesal, del que no tenía conocimiento en el primer informe, para que las cuentas terminen de pasar el filtro. 

Sin embargo, el interventor insiste en que este acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno e incorporado al procedimiento judicial aún no cuenta con el pronunciamiento del juez, con lo que todavía «no puede darse «por definitivo» y no es posible levantar «el informe desfavorable», pero concluye que los términos de ese acuerdo extraprocesal «son coincidentes con las previsiones iniciales de ingresos de 2023».

Por otro lado, la Tesorería también ha ahondado en la problemática económica del Patronato de Turismo en su informe del 15 de diciembre, al que también La Tribuna ha tenido Acceso. En su caso, detalla el conflicto que se mantiene con la concesionaria del trenecito, que le obligó a emitir un primer informe en noviembre aludiendo «a los perjuicios de difícil reparación que se ocasionan al Patronato».

En principio, la Tesorería recuerda que el Ayuntamiento no cobrará por este contrato hasta septiembre de 2023, al hilo de una nueva licitación, salvo que finalmente el tribunal resuelva y la sentencia sea favorable a la administración municipal.

A esta problemática, la Tesorería también suma la importante deuda que mantiene la empresa gestora del Palacio de Congresos en relación al canon anual que debe pagar a la administración municipal. En principio, consta un impago de 73.978,23 euros derivado de 2019 y 2020, pero aún se desconoce la cuantía de 2021 y 2022. Si bien, el informe concluye que este presupuesto «ofrece una situación transitoria de falta de sostenibilidad que pasaría a una falta de sostenibilidad financiera» a partir de septiembre, siempre que puedan volver a exigirse los ingresos del canon por el contrato  del trenecito. 

Por tanto, la Tesorería recomienda la ralentización del gasto programado con la finalidad de que el peso recaiga en el último trimestre de 2023 «para paliar la posible tensión de liquidez». También plantea la posibilidad de una operación de Tesorería para que pueda efectuarse una ejecución normal del gasto en el Patronato de Turismo.