La concejala de Ciudad Saludable y Consumo Responsable, Marta Ramos, ha informado de que Talavera de la Reina ha recuperado el Sistema Arbitral de Consumo, una herramienta «esencial» que va a contribuir a la defensa y protección de las personas consumidoras. 

El sistema arbitral es una herramienta alternativa a la hora de resolver los conflictos mediante una decisión arbitral, por lo que no es necesario acudir a la vía judicial. Marta Ramos ha señalado que «es una ventaja para los consumidores puesto que el procedimiento es muy sencillo y rápido, dándose la resolución en un plazo máximo de 90 días». Además, ha indicado que el proceso es gratuito, por lo que ni el consumidor ni la empresa deben pagar por el arbitraje, según informan desde el Ayuntamiento en nota de prensa. 

Así, la concejala ha indicado que se trata de una herramienta que se pone en marcha gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Talavera y el Gobierno regional mediante financiación directa y apoyo técnico. En este sentido, ha recordado que en este 2022 se han recuperado las líneas de ayudas y subvenciones por parte del Gobierno regional con un importe de 250.000 euros, siendo el total invertido en esta legislatura 600.000 euros en el conjunto de la comunidad.

La concejala ha señalado también la «apuesta decidida del equipo de Gobierno por la protección de los consumidores y por un consumo responsable», continuando con la hoja de ruta del Gobierno local en la línea de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; ODS 12: Producción y Consumo Responsables.

De este modo, Marta Ramos ha comentado que con este recurso «buscamos que los talaveranos y talaveranas puedan sentirse más tranquilos y seguros a la hora de hacer sus compras puesto que, aunque en Talavera ya contamos con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), esta herramienta es mucho más ágil y sencilla».

El principal objetivo de esta herramienta «es fortalecer la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras». En este sentido, la edil ha recordado que desde Castilla-La Mancha se ha puesto en marcha la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras.

En cuanto a la tramitación, la concejala ha señalado que la persona consumidora que no esté satisfecha con el servicio entregado o prestado por el comerciante puede formular una solicitud y presentarla bien en la sede de la Junta Arbitral de Consumo, en los Servicios de Consumo de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Sanidad, en la OMIC (Centro Social 'Jaime Vera') o en las asociaciones de consumidores, acompañando todos aquellos documentos que el interesado estime pertinentes como facturas, contratos o presupuestos.