El curso político está definitivamente en marcha desde hace una semana, aunque será el cara a cara que mantendrán mañana en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el que terminará de marcar el rumbo de la larga precampaña que se avecina. En mayo de 2023 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, una cita con las urnas inevitablemente señalada en rojo en el calendario de todos los partidos y que es previsible que aporte un tono más bronco, si cabe, al debate político. Si este temor se cumple, asistiremos a una precampaña en la que el ruido impedirá un análisis meditado y sosegado sobre la labor que se ha realizado durante cuatro años en miles de corporaciones municipales de todo el país, merecedoras de una evaluación justa sobre su trabajo, bien en papeles de gobierno o de oposición. Como suele ser habitual, el debate nacional terminará contaminando ese necesario y riguroso examen ciudadano al avance y retroceso de pueblos y ciudades.
Los alcaldes del PSOE abren curso en franca desventaja. Todos ellos se van a someter a ese juicio ciudadano antes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salvo que se produzca un adelanto electoral que la votación del decreto de las medidas de ahorro de hace dos semanas en el Congreso evidenció que está lejos de producirse. Si esa mayoría de la investidura se mantiene, y todo apunta a que así será, los primeros socialistas que van a ser juzgados en las urnas serán los alcaldes y varios presidentes autonómicos. Todos ellos van a tener que realizar –sobre todo los primeros ediles– un esfuerzo extraordinario para que la bronca política a cuenta de la inflación, del precio de la electricidad y, previsiblemente, de un aumento del desempleo, no interfiera en la decisión de los electorales en clave localista.
El objetivo del Partido Popular es convertir a Alberto Núñez Feijóo en presidente del Gobierno en otoño del próximo año, pero tiene claro que las elecciones de mayo son determinantes para ese objetivo. Esta meta volante va a obligar al principal partido de la oposición a introducir en el debate político municipal y autonómico la política nacional, aunque poco tenga que ver con lo esencial de lo que se votará en mayo. Más aún cuando en buena parte de los ayuntamientos aún no tienen elegido a su cabeza de lista, al contrario que el PSOE. Por ejemplo, en Logroño se acaba de despejar la incógnita y Pablo Hermoso de Mendoza ha dado el paso, quiere repetir como alcalde y tendrá que ser juzgado por su acción política. No tiene fácil el objetivo, pero por ahora cuenta con la ventaja de que el PP no tendrá candidatos hasta final de año, según reconoció hace unos días la secretaria general, Cuca Gamarra. El PP juega ahí en desventaja, pero el debate nacional se lo puede compensar, con permiso de Ferraz.