Los abogados del Turno de Oficio han celebrado el 'Día de la Justicia Gratuita' (12 de julio) volviendo a manifestarse frente a la Delegación del Gobierno para pedir al Ministerio de Justicia que les pague los tres meses y medio que les adeuda. En Toledo ofrecen este servicio voluntariamente alrededor de 210 letrados (de los 808 colegiados) y calculan que, entre todos, los atrasos rondan el medio millón de euros.
Ángel Cervantes, decano del Colegio de Toledo recuerda que la asistencia a los detenidos es una función social, que además son requeridos a acudir por un juez en nombre del Estado (no por los acusados) y que ellos cumplen su parte así que lo normal sería que el Ministerio hiciera lo mismo (supone que los funcionarios cobran a tiempo).
Sin embargo se han encontrado que les devuelven las certificaciones alegando que les faltan trámites por rellenar y explica que en muchos casos no tiene sentido (un juicio rápido, un detenido el sábado debe ser asistido ese día por un abogado para la declaración y el lunes siguiente en la vista: «no da tiempo a tramitar nada, porque no lo hay»).
Es decir, se escudan en la burocracia para no pagar, incluso les piden que traten de sacar el dinero primero a los detenidos pero como es «imposible» (a muchos no les vuelven a ver) tienen que volver a enviar los papeles al Ministerio sin garantías de recibir el dinero a tiempo.
Asegura que solo exigen dignidad en el trato que reciben y señala que los datos del observatorio de la Justicia dicen que los usuarios del servicio les dan una nota de 85 (sobre 100), por lo tanto es de calidad (recuerda que ni en la pandemia se resintió y que nunca han faltado a esa obligación).
Se queja de que los abogados juegan con desventaja porque la ministra (y la directora general) dicen que desconocen el problema, al menos así se lo confesaron al propio Cervantes en persona hace unos días. Ese «ninguneo» le produce «frustración y cabreo», afirma que están «hartos» y duda si en Madrid lo hacen «con mala idea».
Demanda judicial. Advierte que ya han hecho una huelga y espera no tener que llegar a lo mismo, recalca que afecta más a los jóvenes que empiezan y necesitan el dinero para pagar sus gastos diarios (pueden recibir un adelanto por medio del Colegio pero tienen que pagar una comisión bancaria) y repite que se trata de justas reivindicaciones donde se ven abocados a la movilización cada vez que hay cambios en el equipo de gobierno del Ministerio.
Cervantes indica que afecta a 23 colegios de las cinco comunidades no transferidas y que, juntos, estudian emprender acciones judiciales para reclamar las cantidades, los intereses y las costas (recuerda que en Aragón ya ocurrió y el Gobierno regional fue condenado).
Además cobran menos que sus compañeros de Navarra, Cataluña o Galicia (una tercera parte por el mismo servicio) y esperan que un día les actualicen los baremos (desde 2018 no se ha movido) para dignificar el turno de oficio.