¿Cómo anda de salud la provincia de Toledo?

Bien. Toledo es un gran pulmón tanto en exportaciones como en actividad empresarial. Como todas las provincias tiene sus problemillas y dificultades, pero ahora mismo Toledo es la provincia de la región con más impulso comercial y no es por hacer de menos a ninguna. También es verdad que la proximidad al centro de España y a la capital ayuda un poco, pero estamos razonablemente satisfechos. 

En los últimos Presupuestos Generales del Estado Toledo se quedó con ganas de que hubiera dotación para sus distintos grandes proyectos, como el de la futura Comandancia de la Guardia Civil. Sin embargo, este proyecto no recibirá asignación hasta 2024 a pesar de la necesidad de la Guardia Civil. ¿Será posible agilizar el proyecto?

En su momento, por parte del Ministerio, del delegado del Gobierno y de la alcaldesa de Toledo se hicieron manifestaciones al respecto en una de las visitas a la ciudad. En los Presupuestos Generales del Estado figuran esas partidas y son muy realistas con los plazos. Entiendo que siempre tenemos ganas y prisas por hacer las cosas, pero hay unos plazos y unos trámites que cumplir. 

De todas formas, esa posibilidad de acortar los plazos se dejó abierta en su momento en aquellas manifestaciones. No hay que olvidar que ha habido algún tropiezo en la ubicación del cuartel y ha hecho que nos retrasemos unos meses también, pero no hay que perder de vista que el objetivo de construir un nuevo cuartel está claro, definido y la apuesta está hecha. 

Además, se han dado los avances urbanísticos, las partidas presupuestarias y los anteproyectos están en marcha. Un proyecto de este tipo no se puede ejecutar en nueve meses, pero es una realidad que Toledo va a tener un cuartel, una nueva jefatura de zona como necesita a estas alturas porque las instalaciones actuales no sirven para lo que se hicieron y los guardias civiles que trabajan y los que viven ahí se merecen otra cosa. La apuesta del Gobierno ha sido muy  clara. 

Toledo tiene pendientes aún bastantes proyectos importantes y hace unos días ha salido publicado en el BOE el tercer carril de la TO-23 para la mejora del tráfico y de los accesos al Polígono y parece que se quiere ejecutar en seis meses. ¿Cuándo podría estar operativo?

No se habla de fechas porque está en un periodo de exposición pública, pero sí me consta que se trata de una vía de urgencia, con lo que los plazos que suelen ser bastante largos para este tipo de actuaciones se podrán reducir. Una vez que se adjudique el plazo de ejecución es muy corto, y no es fácil  llevarlo a cabo con tan poco tiempo. Pero en los plazos administrativos poco se puede hacer. Muy pronto los ciudadanos de Toledo y los que vienen y utilizan esas carreteras como paso lo van a sentir. 

Las asociaciones vecinales del Polígono y de Santa Bárbara llevan mucho tiempo, al igual que el Ayuntamiento, reclamando que el tramo de la TO-23 entre Santa Bárbara se ilumine porque no tiene luz desde los recortes que efectuó el Gobierno en 2014.  ¿Cómo anda el asunto?

Ese tramo es una competencia del Estado y hay conversaciones con el Ayuntamiento para su cesión porque no tiene sentido que este tramo urbano tenga esta competencia en tráfico. La iluminación se cortó en un momento determinado y hay que hacer una inversión porque la instalación no es la correcta, pero creo que las conversaciones están muy próximas a resolver el problema y tengo que decir que la alcaldesa ha hecho un trabajo importante.

La conexión de la A-40 a Ocaña es un proyecto interminable...

Hubo un proyecto inicial en el que se detectaron una serie de alegaciones, problemas de impacto ambiental y dificultades en la propia ejecución de la obra, con lo que el Ministerio optó por ver una alternativa, la variante norte. Ahora mismo está en proceso de información pública y sé que hay determinados movimientos de municipios en relación al trazado porque cada uno quiere tener la carretera lo más cerca posible. A este proyecto no le queda mucho tiempo de espera y la propia ejecución de la obra es más sencilla que la anterior, así que soy más optimista. 

¿Tendremos pronto el puente que conectará Azucaica y el Polígono?

Ahí el puente que enlazaría Azucaica con la TO-23 es parte de este proyecto y una vez que el proyecto tenga el visto bueno será la parte que inicialmente se va a ejecutar porque es la más necesaria. 

Respecto al puente de Azucaica, el propietario de la finca Mazarracín ha propuesto que se desvíe el trazado tres kilómetros para evitar la circulación de vehículos pesados. ¿Ha llegado a la Subdelegación esta sugerencia?

No nos ha llegado nada, pero quiero aclarar que cuando se abren los periodos de información pública hay propuestas de todo tipo. Una parte de ellas son muy razonables y razonadas y otras están pensadas en un beneficio más particular que general. Evidentemente, en el periodo de información pública se harán llegar al Ministerio directamente y si aporta alguna mejora o elimina algún problema, se tendrá en cuenta siempre que mejore el interés general. 

Está en marcha desde hace unos meses el convenio de Vega Baja y el Ministerio ya ha aportado los 500.000 euros iniciales para iniciar las actuaciones que ayuden a preservar los restos. Sin embargo, los grupos de oposición critican la lentitud de las administraciones y piensan que al convenio le falta empuje.

El convenio va bien. No es fácil porque si no recuerdo mal hace muchísimos años que se iniciaron en Vega Baja las excavaciones, han tenido dificultades e incluso en los sucesivos planes de ordenación municipal. Es un asunto que debe ir lento para conseguir el mejor fin para todos porque no es fácil. Habrá las actuaciones que se han marcado.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, vino a Toledo recientemente y realizó una serie de anuncios, como la creación de un juzgado exclusivo de violencia de género,  una demanda de hace muchos años. Sin embargo, el Colegio de Abogados no cree que vaya a ser tan inminente y cree que habrá que estudiar bien su ubicación.

La ministra de Justicia anunció varios proyectos, no solo en Toledo capital. Comentó que habrá nuevos juzgados en Illescas, en Talavera de la Reina, y ampliaciones en el partido judicial de Torrijos... Respecto a Toledo, no sé si se lo cree o no el Colegio de Abogados ni si se podrá poner en marcha pronto o no, pero la realidad es que los casos de violencia de género que tenemos en la provincia de Toledo sí necesitan un juzgado exclusivo. 

Hay activos alrededor de 1.800 casos de seguimiento de víctimas solo en la zona de Guardia Civil, así que estos datos nos tiene que hacer creer que la apuesta y el compromiso de la ministra va muy en serio. Ya no es solo necesidad, más bien no se podría cumplir con el objetivo de alcanzar una igualdad en cuanto a la justicia para todos cuando este tipo delito está quedando un poco fuera de los demás. También es necesario una ampliación del Mercantil, pero en este momento la prioridad está en la violencia de género.

La ministra también comentó que se pondría en marcha un proyecto para crear oficinas judiciales municipales. ¿En qué consistirán?

Se trata de un anuncio, pero no tengo ningún dato más sobre y no nos han trasladado en qué podrían consistir. Es una idea que del Ministerio aún pendiente de desarrollar.

La separación de jurisdicciones en los juzgados de Toledo ha vuelto a poner de manifiesto la carencia de juzgados y la saturación de los actuales. ¿Le han trasladado esta problemática desde los juzgados?

Este tipo de necesidades se le trasladaron a la propia ministra y en algunas reuniones que hemos coincidido también nos lo han comentado al delegado y a mí como subdelegado. Todos conocemos que la Justicia en España tiene un exceso de carga de trabajo importante y la provincia no puede ser menos. Hay que ir poco a poco y la última ampliación de juzgados se ha hecho recientemente. 

Además, hay que sumar el compromiso de incrementar juzgados en cuatro sedes judiciales de la provincia. Avanzaremos más, pero necesidades sigue habiendo, como en todas las administraciones. 

En estos meses se ha incrementado la delincuencia en la provincia de Toledo. ¿Hay preocupación?

Sí, en lo que llevamos de 2022, pero en el año anterior, comparando con 2019, tuvimos una disminución en términos globales en la provincia superior al 15%. Sin embargo, en lo que llevamos de año tenemos un incremento importante. Hay tipos de delitos que se han reducido, como los que se cometen contra el patrimonio, pero están disparadas las estafas, que se están duplicando y triplicando en algunas zonas, sobre todo, en relación a internet. No nos cansamos de repetir en jornadas y en iniciativas en centros educativos que se extreme la precaución en las compras, pero sigue pasando y esta situación hace que los índices se nos estén disparando. También se han incrementado sustancialmente los delitos de violencia de género. 

En cambio, hay otros, como los delitos contra el patrimonio o contra las personas, que siguen ofreciendo los mismos datos que el año pasado. Incluso en poblaciones con mucha incidencia han bajado. También han subido los hurtos últimamente, sobre todo, en vehículos. 

La actividad de las bandas juveniles está provocando mucha problemática en Madrid. ¿Y aquí?

No, ninguna preocupación. Hubo unos indicios hace unos meses, se inició una investigación en la Guardia Civil con una labor muy callada y han dado como resultado algunas detenciones realizadas en Madrid por enfrentamiento entre bandas. Ahora mismo, el tema de las bandas no es un problema en la provincia. 

Algunas urbanizaciones en pueblos de la provincia, como en Escalona, han contratado seguridad privada para evitar robos. ¿Esta situación puede alertar de la carencia de plantilla de las fuerzas de seguridad?

Nunca vamos a considerar cuando se comete un delito que hay fuerzas de seguridad suficientes pero teniendo un agente en cada calle no evitamos que se cometan delitos. La vigilancia que tenemos es buena con los medios que hay y tengo que poner de manifiesto la gran labor de la Policía y de la Guardia Civil en cualquier llamada que se produce y la colaboración con las policías locales. Incluso en ese tipo de urbanizaciones con seguridad privada también hay mucha colaboración con las fuerzas de seguridad. 

Hay algún municipio de esta provincia con más de cien urbanizaciones en su término municipal, algunas a más de 20 kilómetros, y la distribución del territorio lo pone bastante difícil. Posiblemente, el simple hecho de tener vigilantes es útil porque puede agilizar los plazos de intervención. 

La ocupación de viviendas en distintos pueblos de la provincia sí es preocupante y ha obligado a la Junta a impulsar una ley al respecto.

Curiosamente, en el último año las ocupaciones han descendido significativamente y las denuncias también. Se produce casi exclusivamente en viviendas que no son propiedades de particulares, en inmuebles que pertenecen a bancos y ni siquiera lo denuncian. La Guardia Civil y los alcaldes de las localidades afectadas hacen un trabajo excelente en este tema e incluso hay personas designadas para ello en las compañías de suministros, pero se necesitan denuncias porque si no se reclaman no figura como delito. Hace mucho tiempo que no hay ocupación de una vivienda de un particular. 

También apelamos a la responsabilidad de los propietarios para que se pueda actuar, aunque se tarde más o menos en expulsar al ocupa, pero si no hay denuncia nos tenemos que quedar ahí, en la identificación y únicamente en algunos casos hemos evitado la ocupación porque hemos llegado a tiempo. 

La Junta ha pedido incluso ayuda al Gobierno y le ha remitido esta nueva ley. ¿Hay respuesta?

Se mandó al Gobierno y al Congreso. Este tipo de propuestas llevan aparejadas de forma implícita la modificación de dos o tres leyes orgánicas fundamentales. Hay un grupo de miembros del Gobierno en el Congreso que está trabajando y teniendo contactos de esta propuesta. También hay que poner encima de la mesa la necesidad de modificar leyes orgánicas y requiere unos plazos de debate, discusión y propuesta en Congreso y Senado. Se está trabajando y viendo si se pueden buscar alternativas a las modificaciones legislativas. 

Aquí pongo también manos de la Justicia determinadas formas de actuar. En Baleares, por ejemplo, se han dado unas instrucciones, y en Madrid el Tribunal Superior de Justicia también, para agilizar los trámites de expulsión de ocupas. Esas son vías rápidas, pero no están en manos del Gobierno de España ni en el de la Comunidad Autónoma, está en manos de los magistrados. Dentro de su autonomía e independencia se ha actuado de una manera o de otra en algunas regiones.

Estaba previsto este verano el inicio del estudio de impacto ambiental del futuro proyecto del AVE a Extremadura y Lisboa. ¿Se va avanzando? 

Hace días estuvo en Talavera el secretario general de Infraestructuras y se habló del estudio informativo del AVE Madrid, Toledo-Extremadura, Portugal. Ha habido una cantidad ingente de alegaciones y están centralizadas fundamentalmente en los ayuntamientos de Toledo y de Talavera. Nos dijo que no iban a dejar ninguna alegación fuera por cuestión de plazos y si se tiene que alargar el plazo para estudiarlas se hará. Hasta que no se resuelvan no habrá propuesta.

Este proyecto lleva muchos años intentando tomar forma, incluso ha habido años en los que Portugal se desentendió, pero ahora tanto España como Portugal quieren darle un impulso.

Hubo un momento, del año 2011 al 2015 o 2017, que  el Gobierno de Portugal se desvinculó y se desinteresó, pero este país estaba viviendo una crisis económica. Afortunadamente, Portugal terminó dando un giro radical y ha motivado que el presidente Sánchez se haya reunido con el primer ministro y ambos están muy interesados en impulsarlo. 

El proyecto del AVE ha tenido parones y el estudio de impacto ambiental para el trazado se anuló porque se dejó pasar el plazo, con lo que de aquellos lodos tenemos la actual situación. Hubo un Gobierno que no explicó por qué este proyecto desapareció de los cajones. Y me llama la atención que algunas personas ahora tengan prisas cuando el proyecto desapareció de los cajones.

Afortunadamente, a pesar de esta zancadilla, el proyecto tiene una parte que va muy rápida y otra menos, la que coincide con el paso de las ciudades, con lo que hay que dar oportunidad para que se manifiesten los ciudadanos. En Extremadura lleva un buen ritmo porque el trazado es más fácil y no hay este tipo de alegaciones. Pero en Toledo, por ejemplo, siendo una Ciudad Patrimonio de la Ciudad, hay que verse todo con mucho cuidado porque se trata de una infraestructura para mucho tiempo. 

Estamos en crisis económica y hay sectores afectados, como ocurre con la agricultura y la ganadería.

Es curioso, pero el nivel de exportaciones ha crecido más de un 15%. en Castilla-La Mancha en este último trimestre. Y de ese porcentaje, más del 40% corresponde a la provincia de Toledo. Incluso nos hemos visto obligados a reforzar el servicio en las delegaciones para poder dar salida a todas esas exportaciones agrícolas y ganaderas. Aun así, los que lo pasan mal son los agricultores y ganaderos que tienen que vivir con unos precios disparados y no los ven trasladados en su beneficio a pesar de que los consumidores paguen más. 

El sector del transporte también lo está pasando mal...

Lo ha pasado mal, pero ese apoyo de los 20 céntimos en combustible ha ayudado, aunque se diga que es insuficiente, que lo es. Y hay un preacuerdo firmado en el Ministerio y de algún modo se ha buscado una solución que permita mantenerse y avanzar hacia adelante.

Los fondos europeos suponen una buena fuente de financiación y de ayuda. ¿Están llegando? Hace un par de meses desde Fedeto se apuntaba que estos fondos no llegaban a las empresas.

Sí, están llegando. Les pido que se lean el Diario Oficial de Castilla-La Mancha porque la mayoría de los fondos europeos se están gestionando a través de la comunidad autónoma. La Delegación del Gobierno no gestiona nada. Yo veo el DOCM y hay convocatorias prácticamente todos los días.