El Consejo de Ministros dio luz verde esta semana a una de las iniciativas legales más controvertidas de los últimos tiempos, junto a la Ley de Memoria Democrática: el anteproyecto de Ley de información Clasificada. Un texto que nace entre las críticas de los socios del Gobierno de coalición, así como de otras fuerzas del bloque de investidura, y también de la oposición. Llamada a sustituir a la vigente norma, aprobada en abril de 1968 en pleno franquismo y modificada en octubre de 1978, la nueva incorpora cuatro categorías, fijará un mínimo de 50 años para guardar los «altos secretos» de Estado y otorga la responsabilidad de ellos al Ministerio de la Presidencia, que ahora recae en el de Defensa.
Hasta ahora, la calificación como secreta y reservada de una materia correspondía exclusivamente, «en la esfera de su competencia», al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Y, con esas limitaciones, en los 54 años que han transcurrido desde su creación, solo en ocho ocasiones los sucesivos Ejecutivos han desclasificado documentos considerados sensibles.
La primera vez fue el 18 abril de 1997, bajo la Presidencia de José María Aznar, después de que el Supremo reclamara 13 informes relacionados con la actividad de los GAL. Los llamados papeles del CESID habían sido sustraídos por el excoronel Juan Alberto Perote, el que fuera jefe de la Agrupación Operativa del Centro Superior de Información de la Defensa, y fueron incorporados a los sumarios de los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Lucía Urigoitia.
El Ejecutivo no solo acató la orden del Alto Tribunal, sino que aprobó la desclasificación de todos los documentos relativos a la conocida como guerra sucia contra ETA.
El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales, está vez dos informes del CNI sobre los atentados del 11-M. En ellos se ofreció una relación cronológica en tiempo real de todo lo sucedido desde ese 11 de marzo y hasta el día 14, además de facilitar un informe del subdirector general Operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado.
Cuatro meses más tarde, el Consejo de Ministros permitir el acceso al contenido de la práctica totalidad de los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados, salvo seis del CNI relacionados con su funcionamiento, servicios secretos extranjeros u organizaciones internacionales.
El 16 de septiembre de 2005, el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de papeles secretos para remitir al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo los documentos relacionados con el 11-M y el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril en Leganés (Madrid). A ellos se sumaron, el 9 de febrero de 2007, los solicitados por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno relativos a los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.
Afganistán y Argentina
El 20 de marzo de 2009 se hizo pública toda la documentación sobre el accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en agosto de 2005, con lo que el Juzgado Togado Militar Territorial número 11 podría seguir la investigación del siniestro.
Dos años después, el 16 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros desclasificó archivos de la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en los 70 y 80, durante la dictadura militar, así como los expedientes de las denuncias de sus descendientes por desapariciones forzadas, a petición del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
La última orden para revelar papeles sensibles por parte del Gobierno se produjo el 7 de diciembre de 2018, y afectaba a la operación Kitchen, supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, tal como solicitó el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. También se acordó relevar del deber de secreto que afectaba a los policías que hubieran intervenido en ese operativo, para que pudieran declarar.