La reunión de las delegaciones del Gobierno de España y del Govern de Cataluña celebrada en La Moncloa después de diez meses de la última puede valorarse a la luz de varios lugares comunes: que el dialogo ha servido para acordar seguir dialogando, que lo que no puede ser no puede ser porque no se tiene la mayoría parlamentaria suficiente y con el dicho chino de que cuando se llegue al río ya se verá como se cruza. El resumen es que el expediente catalán sigue apaciguado y que ERC actuará de acuerdo a la legislación vigente. .
Si existían dudas acerca de que significaba la "desjudialización" del conflicto catalán, estas no han acabado de resolverse porque el ministro de la Presidencia Félix Bolaño lo ha circunscrito a los acuerdos políticos que se alcancen en un futuro, que por supuesto no ha insinuado, ni ha dado pistas sobre qué va a pasar con los conflictos que ya están en los tribunales, de tal forma que la parte catalana no parece haber logrado nada más que, a futuro, los problemas que aparezcan en el horizonte se resuelvan en el marco de la política institucional. El Gobierno, además no se ha movido un ápice acerca de la posibilidad de que se modifique el contenido del delito de sedición. Si bien es cierto que instancias internacionales abogan por su modificación y que el Gobierno está dispuesto a "armonizar la legislación española con las mejores europeas", Bolaños esgrimió la excusa de que no contaría con la mayoría parlamentaria para sacar la modificación adelante. Ante la evidencia de que el Gobierno cuando quiere puede, como ha demostrado a lo largo de la legislatura, se mostró displicente y vino a decir que ni lo iban a intentar. En cuanto a la protección del catalán, Bolaños afirmó que el acuerdo no iba más allá de la ley vigente aprobada por el 80% del Parlament, que se interpreta como el carpetazo al 25% de enseñanza en castellano.
En- una mesa de negociación ninguna de las partes puede decir que se ha ido de vacío y por eso la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà ha puesto más énfasis en los acuerdos sobre política lingüística que sobre la desjudialización, para la utilización del catalán en el Senado y en el Parlamento Europeo y con el convencimiento de que tras el acuerdo alcanzado hoy el Gobierno se "imposibilita la imposición de porcentajes en los centros y entierra el recurso sistemático del Estado contra el modelo educativo catalán". El Gobierno puede hablar por él e impulsar el uso del catalán, "una lengua española y riqueza nacional", pero no por cualquier ciudadano que puede seguir litigando en los tribunales en defensa de lo que considere sus derechos lingüísticos.
La negociación de Gobierno a Govern ha sido entre negociación Ejecutivo-ERC. Junts, que forma parte del Gobierno catalán no quiere saber nada de este diálogo en busca de una "negociación real", que incluya la amnistía y la autodeterminación, que no está ni se la espera. Junts bastante ocupado está con resolver el asunto de Laura Borràs, camino del banquillo de los acusados y de abandonar su cargo institucional. No es un asunto menor por cuanto puede complicar la estabilidad en Cataluña. Y un gobierno débil no es la mejor carta de presentación para sentarse a dialogar "con Madrid". Por supuesto, salvo para ERC y el PSC, para el resto de los partidos catalanes la reunión de La Moncloa ha sido un fracaso, por exceso lingüístico o por defecto en todos los aspectos.