En el Consejo de Ministros y la posterior rueda de prensa de Pedro Sánchez se nos regaló un primer borrador del año político que está a punto de nacer. Un arranque marcado por dos llamadas a las urnas: mayo (territoriales) y diciembre (generales).

A partir de ahí, se entienden los dos elementos motivantes del partido mayoritario en la vigente coalición de Gobierno. Por un lado, a la caza del votante propio pero desatendido. Por otro, necesidad de marcar distancias respecto a las subversivas pretensiones del independentismo catalán, que habían sido públicamente declaradas apenas unas horas antes por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

En cuanto a lo primero, Moncloa quiere cargar las tintas sobre el llamado "escudo social", como corresponde a un Ejecutivo progresista que habla en nombre de las "clases trabajadoras", las capas sociales más "vulnerables" y las familias con dificultades para llegar a fin de mes.

Y, en cuanto a lo segundo, se trata de que los ciudadanos olviden pronto la hospitalidad del BOE a las reclamaciones del independentismo. Dicho de otra forma: los votantes socialistas de toda la vida deben olvidar el discurso obsequioso de Sánchez con sus amigos de ERC, que se han convertido en imprescindible apoyo de "arriesgadas" decisiones.

Dos líneas de actuación marcadas por un intangible decisivo en política: la falta de credibilidad. Véase como los medios de comunicación han salido en tromba a denunciar la escandalosa contradicción de un Gobierno que censura la eliminación temporal del IVA en productos básicos de la cesta de la compra cuando lo proponía el PP y, unos días después, hace en nombre de la izquierda exactamente lo mismo que reprochaba hace unos días cuando la propuesta era de la derecha.

No menos llamativa es la inesperada firmeza del presidente Sánchez contra los objetivos del independentismo catalán cinco minutos después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se hubiera reafirmado en los mismos. Con un emplazamiento muy concreto: antes de que termine el año que vamos a estrenar, el diálogo con el Gobierno habrá desbocado en la decisión de convocar un referéndum de autodeterminación "legal" y "pactado".

El fundamento de las esperanzas de Aragonés no es otro que el de las precedentes concesiones del Gobierno en materia de indultos, borrado del delito de secesión y rebajas en el reproche penal por malversación de fondos públicos. Pero Sánchez estuvo contundente e inequívoco en la rueda de prensa del martes pasado: no es no, nada de referéndum, nada de derecho de autodeterminación, nada fuera del marco legal.

Creo que nunca lo había dicho de forma tan clara. Pero, a la vista del historial del presidente, ¿nos deja tranquilos tanta firmeza?