La inflación parece haber tocado techo y en agosto se ha reducido unas escasas cuatro décimas. El INE adelantó ayer que el índice de precios al consumo continuó el pasado mes en dos dígitos, situándose en el 10,4 por ciento interanual, una tasa poco menor que la registrada en julio, pero que supone un aumento del coste de la vida frente a un año inasumible a medio plazo. Aunque parece que el IPC ha tocado techo, la caída provocada por el descenso en los carburantes y la excepción ibérica de la energía es demasiado lenta para aguantarla todo el otoño e invierno sin tocar los salarios.
La preocupación no se relaja teniendo en cuenta que incluso la tasa de inflación subyacente, que mide la evolución de los precios sin tener en cuenta la energía y los alimentos, aumentó en tres décimas en agosto hasta situarse en el 6,4 por ciento, el nivel más alto desde enero de 1993. Esto significa que el incremento en la cesta de la compra se ha contagiado el resto de bienes y servicios, lo que aventura un otoño caliente con dificultades en muchos hogares para llegar a final de mes si los convenios colectivos no se ajustan a la nueva situación.
Los salarios están en el centro del huracán con estos datos. Patronal y sindicatos deben retomar una negociación seria y realista para paliar en la medida de lo posible este alarmante incremento en los precios sin que suponga un peligro para el crecimiento de la economía y de las propias empresas que sujetan el empleo. Para ello, sin ninguna duda, el Gobierno debe colaborar o ayudar, pues no es un agente protagonista en la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores, y no seguir entorpeciendo con declaraciones o posicionamientos que perjudican la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes. Las ministras y ministros deben callar, si no quieren empujar, pero lo que hay que iniciar con urgencia es un diálogo sincero y profundo para poner algún tipo de remedio a esta situación.
Los sindicatos anuncian movilizaciones en un otoño caliente, espoleados por los más ultras del Gobierno, sin agotar antes todas las vías posibles de negociación. Salir a las calles no es lo más efectivo para alcanzar un pacto que alivie de alguna manera a las familias. La patronal también tiene que entender las dificultades, empaparse de la realidad de la calle y aceptar que hay que tomar medidas, y una de ellas debe ser un aumento salarial de los convenios que permita a los trabajadores atravesar este periodo de incertidumbre. El Gobierno debería favorecer la negociación, pero también adoptar medidas que logren mejoras ciertas en las economías domésticas, algo que hasta la fecha ha sido muy limitado.