El culebrón del precio del gasóil y la gasolina no ha terminado. Después de que el Gobierno de España haya decidido retirar el descuento que aplicaba en los carburantes para todos los consumidores y mantenerlo exclusivamente para el sector del transporte, de la agricultura, de la pesca y el naviero, la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto) ha expresado su disconformidad por la misma. Y no solo eso, sino que ha alertado de la subida que se producirá en el coste del combustible a partir del próximo domingo.
En primer lugar, la suspensión del descuento de los 20 céntimos no es respaldada por los empresarios locales. Desde su punto de vista, entienden que esta medida pueda llegar a su fin y se mantenga para determinados sectores, «pero no dejando a otros desprotegidos», según afirmó el presidente de la patronal y dirigente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Castilla-La Mancha, Javier de Antonio Arribas. A su juicio, ese descuento ha dejado fuera autónomos que «trabajando como albañiles, fontaneros o abogados ejercen sus funciones en su vehículo particular y han quedado sin protección».
Sin embargo, ese motivo no es el único por el que la patronal toledana rechaza la medida del Gobierno. Y es que De Antonio avanzó que «no se han explicado otros efectos nocivos». En este sentido, el presidente de Fedeto se refirió a que desde el 1 de enero de 2010 los repostajes deben llevar un porcentaje de biocombustible por orden de la normativa europea. «Inicialmente era del 4 al 6 por ciento, pero se ha ido incrementando anualmente».
Una vez conocido esto, Javier de Antonio detalló que a partir del 1 de enero, es decir, el próximo domingo, se deben aplicar nuevos precios a estos biocarburantes, con un coste adicional de entre 3 y 6 céntimos por litro. Esto, sumado al incremento de otros 7 céntimos por la reforma que plantea llevar a cabo el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico más la aplicación del IVA del 21 por ciento conllevará una subida del precio del combustible de, al menos, 26 céntimos por litro justo cuando entra en vigor la suspensión del descuento del Estado.
Además, el también presidente regional de las estaciones de servicio destaca que esos biocarburantes exigidos tienen una tributación diferente al combustible estándar «y más cara», que se sitúa en torno al 10,5 por ciento. Todo esto hace que el precio del combustible sea un conjunto entre «el precio base del producto, más los impuestos al hidrocarburante, más los biocarburantes mencionados, el margen de las petroleras y la aplicación del 21 por ciento del IVA».
Los empresarios destacan que este incremento ya venía reflejado en el pasado decreto de medidas anticrisis del 26 de abril, por lo que «creemos que el Gobierno debería haber actuado en consecuencia», apuntó De Antonio. La alternativa de los empresarios sigue siendo la misma que llevan pidiendo desde el inicio de esta inflación: bajar los impuestos que afectan al sector del combustible.
La parte positiva de esta medida para De Antonio es que «el gasolinero deja de ser, por fin, el banquero del consumidor». También aprovechó la ocasión para desmentir los bulos que responsabilizaban a las estaciones de servicio del incremento del precio del combustible, argumentándolo con la información de la Hacienda Pública sobre la caída de un 4 por ciento de su recaudación en el impuesto al carburante, además del descenso de las ventas de este producto en otro 4 por ciento este año con respecto a 2021 y del 10 por ciento con respecto a 2019, el año previo a la pandemia, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.