En el marco de la tramitación ya avanzada del tercer ciclo de los planes de cuenca para el período 2022-2027, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya impulsado unos planes que causarán «perjuicios económicos, sociales, medioambientales y el abandono del medio rural». Ha añadido que la nueva planificación prescinde de construir nuevas obras de regulación, como embalses, cuando son necesarios «más que nunca» porque en un «contexto de cambio climático» hay que tener en cuenta lluvias «torrenciales» más frecuentes alternadas con períodos de sequía más amplios. En esas circunstancias, los embalses minimizan el riesgo de inundaciones y permiten disponer de agua en épocas secas.

España lleva «más de 10 años» en sequía meteorológica pero, gracias a las obras de regulación, «no se ha notado hasta ahora», ha apuntado del Campo. Los pantanos, por lo tanto, han permitido posponer la «sequía hidráulica» y han conseguido dar salida a «todas las demandas, incluso la del regadío», ha insistido. Sin embalses, «apenas podrían vivir en España cinco millones de personas», ha calculado el responsable de Fenacore, quien ha defendido además que las presas del país permiten retener actualmente el «45% del agua de lluvia» y que con nuevas obras se podría llegar «al 70% o más».

También ha hecho referencia a los caudales ecológicos en los ríos, algo a lo que no obliga la «normativa marco» comunitaria, ha señalado. La necesidad de mantener los niveles de esos caudales «ha reducido un 16% de media la disponibilidad de agua en España, soportada exclusivamente por el regadío». Cree que, «en época de sequía, deberían restringirse» para tener más disponibilidad de agua para el consumo y no tener, en cambio, los «ríos artificializados» con agua en verano.

Del Campo también ha hecho mención a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha señalado que España «tiene que disminuir las hectáreas de regadío porque empieza a haber problemas para poder garantizar la sostenibilidad del sector» o que el regadío «es el que más agua utiliza, por encima del 80% de la totalidad» disponible. Del Campo mantiene que «la Administración busca culpables a la sequía» y se han fijado en el regadío cuando «es ejemplo de modernización en el mundo». En ese sentido, ha recordado que hay 3,8 millones de hectáreas de regadío en el país, de las que «el 75% están modernizadas», ya sea por goteo o por aspersión. Con ello, «se ha ahorrado entre un 20 y un 25% de agua por hectárea», lo cual es «un éxito que se ha menospreciado».

Ve desacertado que políticas comunitarias, como la Política Agrícola Común (PAC), estén centradas ahora en «impulsar medidas ambientalistas a costa de reducir la productividad de los cultivos» de regadío. Es una «equivocación» en un contexto de población mundial creciente y cree que hay que «producir más, con los mismos recursos», algo que es «fácil» para el regadío con la «tecnología disponible». «La tecnología permite que los impactos medioambientales puedan ser mínimos pero la solución no es quitar hectáreas de regadío porque agravaría la producción de alimentos», subraya.

Doble tarifa.

La comunidad de regantes asegura que el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja bajo un «excesivo celo ambientalista» y que «busca culpables por la sequía»