La pasada semana se aprobó en el Congreso de los Diputados, al fin, la Ley de la Cadena Alimentaria, tan largamente demandada por el sector productor. La noticia es buena para el campo, ya que pone negro sobre blanco algunas de sus reivindicaciones históricas, en especial la de prohibir la venta a pérdidas, aunque la mayor parte de los colectivos interesados desconfían de que se pueda aplicar con garantías, al menos en algunos casos.
En el caso de UPA, se ha calificado esta aprobación de «logro histórico de los agricultores y ganaderos españoles», incidiendo en que «esta ley marca el fin de los abusos». La describen como «una norma que deberá servir para cambiar la forma de operar en la cadena alimentaria, restableciendo el equilibrio perdido por unas relaciones de fuerza y capacidades de negociación totalmente asimétricas durante décadas». Dicen que la norma llega en un momento crítico para el sector productor, con los costes de producción disparados y amplios sectores en una situación «límite» y movilizándose. «Es en momentos como éste en los que esta Ley se pondrá a prueba. Debemos lograr que los costes se repartan a lo largo de los diferentes eslabones y que no los asuma siempre el primer eslabón», aseguran desde UPA.
Sin embargo, la organización destaca que «la clave ahora estará ahora en la labor de vigilancia, control y aplicación de la Ley». Y señalan al sector lácteo como uno de los más críticos en este momento: «Con la nueva Ley los comportamientos de determinados operadores están radicalmente prohibidos. Se debe iniciar de inmediato una campaña de control en las industrias lácteas para comprobar que cumplan con el pago de los costes de producción de los ganaderos y verificar que el incremento de precios al consumidor se ha trasladado a los productores». UPA también ha apuntado a la AICA y a las comunidades autónomas: «Son ellas las que deben vigilar y hacer cumplir la Ley. Ahora tenemos los mecanismos, es el momento de ponerlos a prueba y proteger de una vez por todas a los pequeños y medianos agricultores en España».
COAG ha valorado positivamente los avances en la Ley, pero también ha insistido en la necesidad de «un mayor control en su aplicación». «La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más. Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial. Las personas del sector primario debemos percibir un precio por encima de nuestro coste de producción, como marca la ley y de manera necesaria para poder seguir adelante con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones», ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG. «Por ello, además del refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios, que es crucial y debe seguir produciéndose, así como de los órganos de control de las comunidades autónomas, se deben articular medidas rápidas y urgentes para salvar al sector».
Unión de Uniones, por su parte, denuncia que las modificaciones de la Ley de la Cadena no la dotan de «las herramientas necesarias para corregir sus actuales desequilibrios y mejorar la posición de los agricultores y ganaderos en la negociación de precios». «Llevamos dos procedimientos legislativos, casi dos años de debate y más de 800 enmiendas en Congreso y en Senado, para no adelantar nada en el verdadero problema que tenemos los agricultores y ganaderos», critican desde la organización.
La organización de consumidores FACUA también se ha pronunciado sobre la nueva Ley con una demanda que seguramente favorecería a los productores: lamentan que no se haya incluido la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los alimentos el precio pagado en origen, para que el comprador sea consciente de la realidad de la cadena. Difícil de llevar a cabo en algunos casos, en otros abriría los ojos a los consumidores.