Estoy en contra del pin parental que pretende poner en marcha Vox en algunas autonomías, para lo que necesita, al menos, el apoyo del PP, porque separa a unos alumnos de otros, no soluciona el problema y es bueno que los niños se eduquen en el respeto, la tolerancia y el conocimiento de la realidad y de los valores cívicos y democráticos. El problema está en quién define esos valores y en cómo algunos utilizan o quieren utilizar la educación para formar unos determinados ciudadanos. El ejemplo más claro es Cataluña -también Euskadi-, con sus ramificaciones, ahora, en la Comunidad de Valencia y en Baleares.
Pujol es el principal responsable de que una determinada política educativa con la imposición de una lengua y una cultura excluyentes de la otra, haya provocado lo que hoy sufrimos. Y será muy difícil dar marcha atrás para encontrar la igualdad o la libertad. La educación es un arma cargada de futuro, pero los niños no pueden ser utilizados, adoctrinados y formados si no es desde la libertad y el máximo respeto. Y sí, los padres de esos alumnos, tienen algo que decir. Y deben ser escuchados en el centro escolar.
Antes de afirmar en el Palacio de La Moncloa que "no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres", la ministra ya había dicho en el Congreso de la Escuela Católica --sabía dónde estaba, sabía a quién hablaba, sabía lo que decía-- que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir centro educativo puede ser parte de la libertad de enseñanza" y que se iba a eliminar la demanda social como criterio para adscribir alumnos a un centro. Dos veces seguidas limitando los derechos de los padres --en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional-- y, sobre todo, su responsabilidad, no son casualidad, sino preludio de medidas.
La ministra que se opone al pin parental porque los alumnos tienen derecho a recibir una información y una educación global, excluye la enseñanza de la religión de las aulas, cuando sin el estudio de las religiones, y especialmente de la católica, un alumno no solo no tendrá una formación integral, sino que ignorará la esencia y la historia de la cultura en que vive y difícilmente será capaz de entender Europa, la literatura o la historia del arte, por ejemplo. Es difícil casar el mensaje de que hay que excluir la religión de la escuela porque pertenece a la esfera de la familia y que ésta no tenga derechos sobre la formación de sus hijos en otras materias.
En educación como en Justicia no se puede legislar para un cincuenta por ciento de la población y, sobre todo, contra la otra mitad. Es imprescindible desterrar el sectarismo y alcanzar el pacto, el acuerdo. El Gobierno de la señora Celáa ha pactado con quienes, como Oriol Junqueras, cuando es preguntado en El País "si engañaron a los catalanes prometiendo una independencia imposible", responden así; "Y una mierda. Una puta mierda. Dijimos la verdad: que el procés tenía que acabar en la independencia. Eso se impidió con palizas, cárcel, destituyendo Gobiernos y cerrando Parlamentos" (sic). ¿Eso es lo que apoya el Gobierno? ¿Tan lejos están el PP, Ciudadanos o, incluso Vox, y tan cerca ERC y otros? ¿Hay que acabar con la escuela concertada y olvidarse de la escuela que segrega por la lengua y por la ideología? El peligro es el sectarismo y la ausencia, deliberada, de diálogo. No hay que tener miedo a la libertad.