redacción / toledo
Hoy es Día de San Valentín pero en Chozas de Canales no están muy enamorados, al menos algunos de los vecinos que no han visto con buenos ojos el ‘enlace’ entre Queremos y PP para dirigir los destinos de este municipio. Un ‘matrimonio’ que nacía el pasado 25 de enero tras la abrupta (mediante decreto de Alcaldía) ruptura de relaciones de Queremos con el PSOE y que recibió una oleada de oposición entre buena parte del vecindario. Un vecindario que desde el pasado viernes, 7 de febrero, había programado todos los viernes, hoy será la segunda vez, concentraciones a las puertas del Ayuntamiento entre las 11,00 y 13,00 horas. Sin embargo, el temor generado ha obligado al promotor de esta concentraciones a suspenderlas a partir del próximo viernes «porque somos muy pocos ya que han conseguido atemorizar a los vecinos advirtiendo de pérdidas de ayudas por ejemplo».
Estas concentraciones tienen como misión hacer ver al equipo de Gobierno las necesidades del municipio como la falta de policías locales, una carencia que deriva en «inseguridad», dicen los vecinos en las redes sociales que lamentan que «todos los días hay algún robo»; por no hablar de la inexistencia de POM en un municipio marcado por las irregularidades urbanísticas. «Y los dirigentes piensan que se soluciona con plantar árboles, que después harán como siempre, los abandonarán y se secarán como hacen con todo», reprochan en las redes.
Y mientras se suceden estas concentraciones vecinales, el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, ha tomado la primera medida contra los ‘subversivos’. Una medida que parece la primera encomienda, un tanto envenenada, a su nueva socia de Gobierno, la teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Ana María Baltasar.
Y es que, en el primer pleno convocado para declarar su divorcio con el PSOE y sus nuevas relaciones con el PP el 23 de enero, se produjeron «graves altercados y desórdenes que protagonizaron determinados vecinos que, con su actitud, obligaron al alcalde a suspender la sesión». Así encabeza Antonio Antúnez su ‘Providencia de incoación de procedimiento sancionador’, es decir, apertura de una investigación con el fin de imponer multas a determinados vecinos, concretamente a cinco y pensionistas.
Esta providencia, que dejó pasar una semana desde la toma de posesión de los nuevos concejales y la aprobación de la nueva organización, nombra a la concejal Ana María Baltasar «instructor del procedimiento sancionador». Y esto, pese a que el concejal de Seguridad es el número 3 de la lista de Queremos.
El caso es que, el alcalde solicitó a esta Concejalía informes para identificar a «las personas intervinientes en los desórdenes ocurridos en el salón de plenos el día 23 de enero»; «circunstancias relevantes a tener en cuenta, en caso de que se inicie procedimiento sancionador»; y «fotografías y grabaciones de video que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y que permitan resolver sobre la incoación del expediente sancionador».
Esta solicitud, realizada el 3 de febrero a la Concejalía de Seguridad tuvo en solo dos días la inmediata respuesta de la incoación del procedimiento sancionador (5 de febrero) ya que, entiende el alcalde que «de las imágenes aportadas y de lo informado por la Concejalía» se desprende que la actitud de los vecinos a los que se ‘busca’ impidieron el pleno «utilizando la coacción y el insulto, alertando el orden público e impidiendo el libre ejercicio del derecho fundamental a la participación».
El procedimiento del que ha nombrado instructora a la concejal Ana María Baltasar podría suponer a los ‘acusados’ la imposición de sanciones económicas de entre 601 y 30.000 euros por una infracción grave. Los vecinos tienen plazo para presentar alegaciones y proponer pruebas y de lo contrario «el instructor del procedimiento podrá considerar el contenido de esta resolución como propuesta de resolución». De hecho, si los afectados reconocieran su responsabilidad podría obtener una reducción del 20% del importe de la sanción.
Uno de los afectados, asegura que ya han puesto el asunto en manos de un abogado que presentará en breve las oportunas alegaciones porque «no creemos que nuestro comportamiento tenga que tener como respuesta este expediente». Y recuerda que todo tiene su origen en que un grupo de asistentes al pleno se opusiera a que se impidiera la grabación del pleno por parte de Castilla-La Mancha Media.
Los sueldos
También acaba de hacerse público en Chozas de Canales, los sueldos que recibirá la nueva Corporación, y los presupuestos para el presente ejercicio. Unas cuentas que ascienden a 2.590.536 euros y que otorgan a inversiones reales un presupuesto de 181.750 euros.
En cuanto a los sueldos, como se había previsto supondrá un desembolso de 141.200 euros ( 27.700 euros más que la anterior Corporación). Según se recoge en el documento publicado en el BOP, en el que aparece una tercera tenencia de Alcaldía no recogida en el decreto de organización publicado el 27 de enero, el alcalde, la primera teniente de alcalde (Ana María Baltasar) y el tercer teniente trabajan a tiempo completo con un sueldo de 35.000 euros para Antúnez y de 24.000 para las tenientes de alcalde.
Como segundo teniente de alcalde está el concejal del PP Luis Pérez que recibirá una retribución de 14.500 euros por su trabajo a tiempo parcial (6 horas diarias), al igual que el concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana (Carmelo Ortiz de Queremos), la de Cultura y Medio Ambiente (María Aránzazu Guzmán del PP) y la de Deportes y Juventud ( Ana Belén Arenas del PP). En este listado queda sin asignar retribución a Pilar Librado (Queremos) que es concejal de Educación y Sanidad y Servicios Sociales. No obstante, la tercera tenencia de Alcaldía que aparece en el reparto de retribuciones no tiene nombre.