CRÓNICA PERSONAL

Antonio Casado

Periodista especializado en información política y parlamentaria


Sesenta y cinco millones

06/07/2020

Antes de que el fiscal Bertossa alimente la sensación de que la Justicia suiza nos ha madrugado en el lavado de los trapos sucios del rey emérito, miremos a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Es el órgano llamado a "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" (artículo 124 de la CE), en el escandaloso caso de los 65 millones regalados hace ocho años por el entonces rey de España, Juan Carlos I, a Corinna para que ni a ella ni a su familia les faltase de nada, según sus declaraciones ante el mencionado fiscal jefe del Cantón de Ginebra.

En la Fiscalía del Supremo está la clave de nuestra credibilidad como sistema que consagra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es verdad que el llamado rey emérito está aforado, como otros doscientos o trescientos personajes públicos (ministros, magistrados, diputados, etc), pero ese privilegio legal no le exime de ser juzgado si el correspondiente proceso indagatorio, ya puesto en marcha por la Fiscalía, detecta indicios delictivos de carácter fiscal.

Indicios delictivos hilvanados en un relato inverosímil sobre el camuflaje de dinero caliente ¿Dónde iba estar mejor guardado que en el regazo de Corinna, cuya residencia en Mónaco la hacía fiscalmente inaccesible?

Solo dos grandes verdades en dicho relato. Una es la constatación de que "el tren de vida de don Juan Carlos lo financia el contribuyente español". Otra, que "el rey era muy discreto con respecto al estado de sus finanzas". Aunque no estuviera en la intención de la declarante, los sesenta y cinco millones de euros son sesenta y cinco millones de bofetadas al pueblo soberano, por lo que suponen de escandalosa malversación de los principios de ejemplaridad y transparencia exigidos al primer mandatario del Estado. Y siempre sin perder la perspectiva de que salvar el Reino es más importante que salvar al rey.

La no descartable indolencia política y judicial respecto a la reprobable conducta personal del rey emérito perjudicaría a la institución. A este respecto me parece justa, necesaria y oportuna la actitud adoptada por el actual rey de España, Felipe VI, que marcó distancias con el rey emérito cuando los medios de comunicación y la justicia del país helvético desvelaron la trama societaria y financiera tejida en torno a las relaciones afectivas de don Juan Carlos y Corinna Larsen. En Zarzuela saben que salvar a la Corona es más importante que salvar a quien no supo servirla en los últimos tramos de su vida pública.

Los supuestos penales por los que se investiga a don Juan Carlos son blanqueo de dinero y fraude fiscal. Peor es el supuesto moral que se desprende de ese comportamiento. Como si con él no fuera la obligación de confesarse ante la Hacienda Pública, que afecta a todos los españoles sin distinción.