La Policía identifica a los ocupas de 32 vivivendas sociales

J. Monroy
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Otros residentes denuncian problemas de convivencia y tráfico de droga, que vienen a sumarse a los ya graves problemas económicos y de mantenimiento de la urbanización

La Policía identifica a los ocupas de 32 vivivendas en Yedra - Foto: David Pérez

Será el fin del confinamiento, el calor, la labor de las ONG o el paso de la Policía Local por la urbanización, o quizás la suma de todo. El caso es que, durante las últimas semanas, los residentes en las 148 viviendas de Gicamán en la calle Río Yedra del Polígono apuntan que la situación se la convivencia se ha tranquilizado mucho. Lo que no parece tener solución a corto plazo son los problemas económicos de muchos de estos vecinos, que ven dificultades para pagar su alquiler y denuncian que no llegan las ayudas de los distintos gobiernos.
Uno de los últimos capítulos en el día a día de estas viviendas ha sido la actuación de la Policía Nacional el pasado 23 de junio para identificar a los moradores de los inmuebles ocupados hace tiempo. En el dispositivo intervinieron agentes de la Comisaría de Toledo pertenecientes a la UPRy la Policía Científica, que en colaboración con la Policía Local, respondieron a la denuncia presentada por Gicamán. Identificaron a las personas que habitan las viviendas ocupadas y realizaron un reportaje fotográfico.
En total, inspeccionaron 36 inmuebles de la urbanización, entre los que descubrieron que cuatro se habían vuelto a quedar vacíos, por lo que procedieron a cambiar las llaves, recuperarlos y ponerlos a disposición de Gicamán. El nombre de las personas identificadas y las fotografías de las viviendas se remitieron a la autoridad judicial para posibles recursos de desahucio. Desde la Policía Nacional se destaca que la actuación se desarrolló sin incidente alguno.
Problemas de convivencia. Residentes de este inmueble llevan tiempo comunicando a este diario problemas de convivencia, principalmente, apuntan, con los ocupas. Algunos, denuncian, se tiran hasta la madrugada con la música y las palmas, o meten las motos por la urbanización. También habría, según las mismas fuentes, algún foco de venta de drogas y personas que cobran por abrir la puerta de las viviendas.
La situación es tal, apuntan, que algún vecino ha tenido que interponer una denuncia por amenazas. De forma que se muestran sorprendidos de que, un año después de las primeras ocupaciones y aún con la llegada de la Policía, tan solo se haya identificado a los moradores y hecho fotografías, «porque lo que se está dando a entender es que la vivienda pública se puede ocupar». Así se lo han comunicado a Gicamán, convencidos de que con la nueva legislación, podrían echar a los que no tienen contrato en solo tres meses.
Su sorpresa ha sido mayúscula cuando desde las ONG que están trabajando en la urbanización, se haya puesto a los ocupas como vocales de la comunidad, algo que desde Gicamán han apuntado que no es legal. «Solo nos están enfrentando a unos contra otros, con dinero público, cuando ellos no tiene potestad para elegir vocales, presidente y vicepresidente, que los elegimos nosotros en agosto», se lamentan.
Fuentes de la Policía Nacional ha apuntado, no obstante, que a su juicio aquí el problema es de ocupación de viviendas públicas. Comprenden que los vecinos próximos no estén contentos con la forma de vida de los ocupas. Pero destacan que su identificación en el inmueble se desarrolló sin altercado alguno y que no les consta problemas de orden público en las viviendas. Si hubiera habido un problema serio de venta de drogas, se habría actuado de inmediato, que podrían haber desembocado en penas de prisión. Como en la antigua ‘ele’, suele haber requerimientos periódicos de violencia de género o peleas entre familias, pero no hay polvorín de trapicheo.
Prosiguen los problemas. Estas disputas de convivencia son, no obstante, tan solo el último capítulo de las tribulaciones ya de por sí densas de un vecindario. Porque, más ahora con la crisis del coronavirus, hay muchos problemas económicos entre los inquilinos con contrato y muchos de ellos no pueden afrontar el alquiler. Además, en vista de que los ocupas no pagan nada, apuntan que los que pagan lo hacen de mala gana. Porque, esta es su denuncia principal, las ayudas de la Junta de Comunidades y del Gobierno central no están llegando.
El problema, apuntan, es que si se hubieran dado estas viviendas por parte de la Junta a un precio razonable, no habría habido problemas de ocupación. Porque gente con deseos de vivienda sí hay, valoran. Mientras tanto, también critican a Gicamán por la falta de mantenimiento. Es año y medio con la puerta del garaje abierta. También faltan los extintores que exige la ley «y en mayo, si no es por la Policía Local, que tiene extintores, no se abrasaron dos personas, que se tuvieron que llevar a urgencias y uno de ellos estuvo ingresado». También ha habido problemas con la luz por los enganches ilegales.