Comprobado que existen dos Españas bien diferentes, la que defiende el presidente del Gobierno y la que critica el líder de la oposición, las perspectivas para el año que está a punto de comenzar no son nada halagüeñas en cuanto a la posibilidad de que se alcancen consensos amplios, pactos de Estado o que se arbitre una mirada común sobre la solución de los problemas reales del país. El comienzo de un nuevo ciclo electoral, con una anticipación imprevista, no contribuirá a que las aguas se calmen, sino para que bajen más revueltas, mientras se espera que la situación económica mejore a caballo de los fondos europeos, el control de los precios de la energía y de la inflación y, sobre todo, de la remisión de la pandemia.
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, debieran permitir a Pedro Sánchez trabajar con un amplio margen de estabilidad. Sin embargo, su acción política se verá amenazada desde dos frentes: una oposición que no piensa dejar pasar ninguna oportunidad de segar la hierba bajo los pies al Ejecutivo, y más si consigue una victoria aplastante en las elecciones de Castilla y León; y el de sus propios socios parlamentarios, tantos los que están incluidos en el Gobierno, como los que le apoyan en el Parlamento, que le harán pasar un primer examen en la votación del real decreto que recoge la reforma laboral tripartita.
Descontada la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la renovación del CGPJ, como reconoció Sánchez en su balance del año y certificó Pablo Casado, en un incumplimiento flagrante de la Constitución, la siguiente gran reforma pendiente con alguna posibilidad de llegar a un acuerdo sería la de la financiación autonómica. La existencia de varios grupos de comunidades autónomas de distinta procedencia ideológica que tienen el problema común de la infrafinanciación de sus servicios públicos es un buen punto de partida, si son capaces de sustraerse a los intereses de los partidos políticos. Sería un buen síntoma que se alcanzara un acuerdo que, como en el caso de la reforma laboral, dejara a todos satisfechos e insatisfechos al mismo tiempo.
Aunque pareciera que la legislatura está agotada, la agenda legislativa del Gobierno está repleta de iniciativas, desde la reforma de la "ley mordaza" –otro de los compromisos del acuerdo de coalición- a la ley de Vivienda, o la de protección de la libertad de expresión, más las leyes relacionadas con la libertad y la identidad sexual y la familia, y a expensas de si el Tribunal Constitucional reabre el debate sobre el aborto. Un Alto Tribunal convertido en tercera cámara que tiene pendiente decidir sobre la ley de educación, o la de eutanasia. Pero donde la batalla política sería a cara de perro es si el Gobierno procede a la reforma fiscal de acuerdo con las propuestas del grupo de expertos que la estudia, en la dirección de una armonización fiscal.
Quedan, al menos, otros dos capítulos, que incidirán en el desarrollo del año político, la reactivación del conflicto catalán si no se dan "resultados tangibles" a lo largo del año, como amenaza Pere Aragonés, y la vuelta de Juan Carlos I, una vez que se hayan cerrado todas las causas judiciales que tiene pendientes, con el menor daño posible para la institución que representa Felipe VI, sin que en el horizonte aparezca la redacción de una ley de la Corona.