La sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso volvió a caldear los ánimos entre los grupos, en un Pleno en el que los partidos de la oposición cargaron contra el PSOE por utilizarlo para plantear hasta cuatro preguntas a sus propios ministros sobre Castilla y León durante la campaña para las elecciones del 13-F.
Las denominadas preguntas florero del partido mayoritario a su propio Ejecutivo quedaron atrás durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, pero los socialistas decidieron resucitarlas para el único Pleno de control que acogerá el Congreso antes de esos comicios autonómicos.
Así, si ya durante el debate el PP y Vox afearon esa decisión al PSOE, en el último punto del orden del día del Pleno también le llovieron las críticas por parte de otras formaciones como Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT. Fue a cuenta de una moción de los populares para denunciar los, a su juicio, «modos autoritarios» del Gabinete de Pedro Sánchez. María Jesús Moro, del PP, tachó de «vergonzosos puso como ejemplo del «deterioro» en el que, según su partido, están sumiendo al Congreso. «El espectáculo de los ministros del Gobierno lanzando sin rubor intereses electorales plagados de bulos con los diputados socialistas como teloneros no tiene parangón», mantuvo Moro.
Asimismo, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, denostó el uso del Pleno con una «finalidad puramente propagandística» y recordó que Sánchez tiene en su haber el «dudoso mérito» de ser el «primer presidente condenado por la Junta Electoral por usar La Moncloa» para hacer campaña.
«La sesión de control de hoy no ha sido nada satisfactoria», apuntó, por su parte, el diputado del PDeCAT, Genís Boadella, mientras que desde el PNV su portavoz, Aitor Esteban, la definió como «esperpéntica» y «nada edificante».
Esteban destacó, asimismo, que hasta la etapa del expresidente José María Aznar, el PP también hacía preguntas «pelota» para «dorar la píldora» a sus ministros.
En esta línea, la mayoría de los portavoces que intervinieron recriminaron a los populares que pretendan con su moción que el Congreso censure actuaciones del Gobierno -abuso de los decretos ley, paralización de leyes en el Congreso, o la no celebración anual del Debate del Estado de la Nación- en los que también han incurrido los Ejecutivos populares. De este modo, PSOE, Unidas Podemos, PNV, PDeCAT afearon a los de Casado que, en palabras de Aitor Esteban, «atacar al Estado de Derecho» también es «bloquear los órganos constitucionales», en referencia al Consejo General del Poder Judicial.
Responsabilidad compartida
En la misma idea incidió Boadella y Bal. Este último acusó al PP de «colaborar» en esa «falta de control» cuando se reparten cargos con los socialistas. «Ustedes no están para dar lecciones a nadie. Déjense de hiprocresías», afirmó.
Una tesis parecida defendieron los integrantes del Gobierno de coalición María Dolores Narváez (PSOE) y Jaume Asens (Unidas Podemos), al reprochar a los populares que exijan transparencia, «un partido que se ha sido definido como una organización criminal y que acumula varias condenas por corrupción».
Por su parte, el diputado de Vox, José María Sánchez, decidió centrar sus ataques en Sánchez, al que llamó «déspota» y en el PP, enfatizando las políticas en las que, desde su punto de vista, coinciden los dos partidos mayoritarios.