La alcaldesa de Corral de Almaguer, Juliana Fernández de la Cueva, declarará de manera voluntaria ante el juez del Tribunal Supremo que instruye una querella por presunta prevaricación de la Fiscalía tras la polémica anulación de sanciones de tráfico de la Policía Local. Así lo han confirmado a este medio fuentes cercanas a la regidora, que confía en hacer valer su inocencia de las acusaciones que en su contra lanzó inicialmente un agente del cuerpo municipal. Se espera que la declaración se efectúe en las próximas semanas, ya en el mes de octubre.

La alcaldesa debe responder ante el máximo tribunal español por su condición de senadora del PP por Toledo, cargo dotado de este aforamiento que impide que sea procesada por una jurisdicción ordinaria. Aún así, la regidora no ha aprovechado esta protección legal para retardar la declaración, obligando al juez que lleva el caso a iniciar el farragoso proceso de presentar un suplicatorio ante la Cámara Alta para que ésta dé permiso para que pueda ser citada ante la Justicia.

Tampoco ha dejado que la cuestión de su declaración ante el magistrado que lleva la querella, José Manuel Maza, quedara sin resolver antes de que se produjera la disolución de las Cortes Generales. Esto es algo que se espera a muy corto plazo, al estar previstas las próximas elecciones generales para el 13 o el 20 de diciembre, y habría generado la duda de si el Supremo podría seguir investigando el asunto o debería remitirlo a los Juzgados de Quintanar de la Orden si Fernández de la Cueva pierde su fuero.

La alcaldesa será citada en calidad de imputada, pudiendo contar así con el derecho a ser asistida por un abogado durante su declaración para defenderse de las acusaciones que se le haga. El entorno de la regidora insiste en su inocencia porque nunca fue instructora de los expedientes que llevaron a la anulación de las multas.

Cuatro casos.

En la denuncia inicial que el agente municipal presentó a la Fiscalía se hablaba de decenas de presuntas irregularidades por anulación de multas. Sin embargo, la Fiscalía ha reducido las sanciones polémicas a cuatro casos. El asunto también afecta al exteniente  de alcalde de Corral, Vicente Jiménez, que sí instruyó aquellos expedientes.